La defensa de Zouhier dice que la Audiencia Nacional absolvió a los acusados con imputaciones similares

La defensa del ex confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, condenado a 10 años de cárcel por tráfico de explosivos en el 11-M, ha pedido hoy su absolución al considerar que la Audiencia Nacional ha aplicado un criterio diferente con acusados que tenían imputaciones similares.

El letrado Antonio Alberca ha explicado a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, donde se celebra la vista de los recursos contra la sentencia del 11-M, que la única conducta" que se le imputa a Zouhier es haber puesto en contacto al ex minero José Emilio Suárez Trashorras con Jamal Ahmidan, "El Chino", líder de la célula que perpetró los atentados al que el primero suministró los explosivos.

"En la sentencia no se dice que facilitó el suministro de los explosivos, ni que organizase ninguna reunión para ello", ha dicho Alberca, que ha recordado que Zouhier siempre ha sostenido que se trataba de tráfico de hachís.

Ha apuntado que el tribunal ha absuelto a los hermanos Antonio y Carmen Toro -ex esposa de Trashorras-, quienes también estaban acusados de suministrar de explosivos, y ha apuntado que si para esa absolución se tuvo en cuenta la declaración del primer condenado por el 11-M, el menor conocido como "El Gitanillo", debe hacerlo con Zouhier pues, en este sentido, se refirió al tráfico de hachís.

En la sesión de tarde también ha intervenido la defensa de Jamal Zougam, a quien la Audiencia Nacional condenó a 42.917 años de cárcel como autor material de la masacre.

El letrado Eduardo García Peña ha sostenido que con los reconocimientos de tres de los testigos en los que se basa el tribunal para condenar a su cliente se ha producido un "despropósito jurídico" y ha dicho que no tienen categoría de prueba de cargo ni por su contenido ni por las circunstancias en que se practicaron, ya que están contaminados desde la fase de instrucción.

"Durante semanas y meses se publicaba la foto de Zougam en los medios de comunicación y eso da la idea de que éste y no otro es autor del 11-M", ha destacado el letrado, que ha añadido además que esa misma fotografía fue la que exhibió la Policía y el juez de instrucción en los reconocimientos de los testigos.

García Peña ha criticado también que durante el juicio se cometió una "perversión procesal" pues, según ha dicho, se mostró a toda la sala la foto de Zougam junto a la de otros seis individuos y se preguntó a los testigos si identificaban a algún sospechoso, cuando la única foto marcada era la de su cliente.

Sobre los tres testimonios, el letrado ha apuntado que uno de ellos ni siquiera compareció en la vista oral y que los otros dos son el "paradigma de las contradicciones".

Por su parte, la defensa de Trashorras, condenado a 34.715 años y seis meses de prisión por ser cooperador necesario en el 11-M, ha sostenido que no se le puede acusar de ser un colaborador imprescindible para organizar la masacre cuando la propia sentencia reconoce que era una persona "sustituible" para los terroristas.

El letrado Claudio Turiel ha indicado además que el fallo judicial pone de relieve que la dinamita utilizada en los atentados, que Trashorras obtuvo de Mina Conchita, explotación asturiana en la que había trabajado, "estaba al alcance de cualquiera" y "pudo haber otros proveedores".