“Un nuevo maltrato a las víctimas. Esta vez judicial”. Esta es la sensación con la que se va Ana Messuti, abogada de la querella contra el franquismo interpuesta en Argentina, tras ser cancelada la citación de tres víctimas de la dictadura que debían declarar hoy en el consulado de Argentina en Madrid mediante videoconferencia. La sala estaba preparada, los comparecientes estaban presentes a la hora, la orden de la jueza María Servini había sido expedida, pero las víctimas no han podido declarar. Según el consulado, ellos no han recibido ninguna “notificación oficial” de que las comparecencias debían producirse este jueves. Messuti no sabe dónde apuntar: “En algún punto se perdió la orden de la jueza y no sabemos ni dónde ni por qué”, señala Messuti a Público.

La notificación de la jueza argentina, expedida el 11 de abril, era clara. El 25 de abril se debía recibir “declaración testimonial” a los tres primeros comparecientes de una tanda inicial de 12 víctimas de la dictadura como parte del auto de la causa de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la etapa franquista abierta en Argentina. La cédula, sin embargo, nunca llegó al consulado de Argentina en Madrid y se desconoce en qué punto del proceso se perdió. Las comparecencias han sido retrasados hasta nueva orden. La abogada calcula que el plazo será de entre 15 días y un mes.

El camino a seguir por la orden de la jueza era el siguiente: del juzgado tendría que pasar al Consejo Superior de la Magistratura de Buenos Aires, que a su vez debía expedirlo al ministerio de Relaciones Exteriores argentino y, por último, al consulado de Argentina en Madrid. “El juzgado en Argentina dice que hizo la tramitación al Consejo Superior de la Magistratura. Sin embargo, aquí nos dicen que no llegó y a nosotros nadie nos había notificado oficialmente que las víctimas no podrían declarar”, denuncia Messuti. Se desconoce que día declararán finalmente las víctimas

Esta nueva demora del proceso judicial contra el franquismo supone, en opinión de la abogada Ana Messuti y de la red ciudadana en apoyo de la querella (Aqua), un “nuevo maltrato a las víctimas”.  “En un juicio normal y corriente esta dilación no tendría ninguna repercusión pero en este caso hablamos de un juicio en el que las víctimas llevan decenas de años esperando para poder declarar ante un juez y hoy iba a ser la primera vez que se produjera. Ahora, sin comunicación oficial se vuelve a posponer”, explica Messuti.

Las víctimas han distribuido un comunicado oficial en el que se remiten a la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para denunciar las molestias de “índole práctica” que está causando a los afectados la dilación “sin plazos ciertos” del procedimiento. “Estas demoras son una infracción de los derechos de las víctimas que llevan muchos años esperando este momento. Forma parte del maltrato judicial y hay un coste emocional muy grande”, incide Messuti.

Este jueves 25 de abril estaba prevista la comparecencia de Pablo Mayoral, procesado, en el mes de julio de 1975 en la misma causa por la que se pidió la pena de muerte a tres de sus compañeros y fue fusilado José Humberto Baena el 27 de septiembre de 1975; Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil en marzo de 1974; y Pedro Fausto Canales, hijo de fusilado en la Guerra Civil y cuyo cuerpo reposa en el Valle de los Caídos sin la autorización familiar.