El Congreso pide que se veten las indemnizaciones a los gestores de entidades rescatadas

La mayoría de los grupos del Congreso han acordado, a instancias de CiU, una iniciativa que pide al Gobierno que impida el pago de las indemnizaciones, pensiones o cláusulas de blindaje, incluso las de carácter laboral, aunque hayan sido devengadas, de los gestores de entidades bancarias rescatadas.

La propuesta figura en una enmienda transaccional pactada por las principales fuerzas parlamentarias a partir de una proposición no de ley de CiU, y que además incluye un apartado en que se pide que la limitación de las indemnizaciones se tenga en cuenta en la tramitación como proyecto de ley de la segunda reforma financiera, convalidada el pasado 31 de mayo por el Congreso.

La iniciativa reclama que se impida el pago de estas retribuciones compensatorias para exgestores de entidades que han recibido ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque dichas indemnizaciones hayan sido previamente comprometidas.

La medida solo afectará a los administradores o cargos directivos que hayan requerido ayuda del FROB, según ha dicho el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, quien ha asegurado que en este asunto "no deben pagar justos por pecadores".

Durante la defensa de la propuesta presentada por su grupo, Duran LLeida ha manifestado que el objetivo de esta norma es conseguir que el Parlamento "recupere la autoridad moral ante las inquietudes de la opinión publica" y pueda impedir que con dinero público se paguen indemnizaciones "millonarias" a los gestores de entidades que han recibido ayuda del Estado.

Una opinión que ha compartido el portavoz del PP, partido que se ha adherido a esta enmienda transaccional, y que ha asegurado que con esta norma el Parlamento recupera "la ética moral" y demuestra que "no va a tolerar más abusos".

De la misma manera, el portavoz del PSOE, Jesús Caldera, ha puesto de manifiesto que hay que hacer todo lo posible para que se vuelvan a repetir situaciones como las actuales, en las que los gestores de entidades nacionalizadas han percibido importantes indemnizaciones. "Esto no puede ser posible, no es ético", ha señalado.

Desde el PNV, su portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, también ha valorado la medida y ha destacado los efectos tan "nefastos" que ha tenido la crisis financiera en la economía española.

"A la vista de la realidad de las entidades financieras, el Gobierno ha tenido que pedir sopitas" a Europa", ha dicho Azpiazu, quien prevé que dicha ayuda puesta a disposición de la banca española por parte del Eurogrupo "vendrá acompañada de otros recortes, subidas de impuestos y más novedades que no serán agradables".

A la espera de la votación, la Izquierda Plural y Amaiur han condicionado su voto al compromiso de que el Gobierno incluya esta norma en la tramitación de la reforma financiera aprobada en mayo.

En concreto, Rafael Larreina, de Amaiur, ha manifestado que conceptualmente su grupo está favor, pero si dan un sí o una abstención, "dependerá de si hay claridad". "Es importante un compromiso de que este aspecto se incluirá en la reforma financiera".

De la misma manera, desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha indicado que aunque se aborda un problema real, no existe el compromiso claro de que se incluirá en la tramitación de la segunda reforma financiera del Gobierno.

Por último, Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha indicado que aunque la propuesta de CiU les gustaba inicialmente, la nueva consensuada, "está edulcorada".

Además, ha insistido en pedir una comisión de investigación para que se depuren responsabilidades de la crisis financiera.