El Congreso aprueba el nuevo plan de empleo y el fin de los 426 euros

Deja en la estacada a decenas de miles de personas al enterrar la ayuda de 426 euros a parados sin otra prestación (el Prodi) y santifica los contratos basura, según sus detractores. Tiene el aval de los interlocutores sociales y apuesta por el futuro del empleo, según el Gobierno, su proponente.

El Congreso resolvió hoy esta dicotomía y aprobó el plan de choque contra el paro, que tiene un nombre real tan eufemístico como enunciativo: Ley de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.

El texto superó su convalidación con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, que se unieron al PSOE y sumaron 169 votos. En contra se pronunciaron los seis diputados de ERC, BNG y UPyD. El resto de grupos PP, PNV e IU-ICV se abstuvieron (148 votos), superando sus críticas de conjunto, para no retrasar el establecimiento de una ayuda de 400 euros para desempleados sin rentas aunque con un alcance más restrictivo que la extinguida prestación de 426 euros, medida estrella en un plan que establece también bonificaciones para la contratación a tiempo parcial de jóvenes, entre otras novedades.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió la ley en un contexto en el que, según dijo, "las cosas están empezando a mejorar". Si no fuera por el lastre del ajuste en la construcción "estaríamos creando empleo neto", aseguró. CiU y CC apoyaron sin matices de fondo el plan.

Ahí concluyó el respaldo. "Es un gran fiasco, un gran parche, el enésimo que se aborda sin serenidad, responsabilidad, inteligencia ni eficacia", censuró José Ignacio Echániz, del PP, que tachó de "broma" el del plan. "Jamás un Gobierno ha desarrollado tal pléyade de normas tan inútiles, tan poco consensuadas ni tan a matacaballo", concluyó el diputado conservador.

El PNV reprochó al Gobierno el uso de bonificaciones para fomentar el empleo, "la peor fórmula", según sentenció Emilio Olabarria, y la izquierda minoritaria cargó contra la esencia antisocial que advierte en la nueva ley. "Se han cargado el Prodi, la última red que impedía que miles de personas cayeran en la exclusión social", denunció Joan Tardà, de ERC. "Es una vergüenza que las hayan dejado en la miseria", abundó el diputado republicano, allanando el terreno que abonaría con los mismos reparos la representante de IU-ICV, Núria Buenaventura.

"Es insuficiente, pero no vamos a obstaculizar su tramitación", pensando en aquellos parados "a los que se les puede terminar la prestación del Prodi", justificó Buenaventura su abstención. "Seguimos con las mismas recetas, por más que no se hayan mostrado efectivas", lamentó. Según el BNG, las medidas aprobadas hoy "se enmarcan en la cultura de la precariedad, de la temporalidad y que, además, facilitan el fraude", criticó Olaia Fernández. En una sentencia, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, resumió su oposición al texto: "Usted nos ofrece contratos basura sobre basura", reprochó al titular de Trabajo.