La Audiencia Nacional ha condenado a 208 años y tres meses de prisión a los etarras Ismael Berasategi, Xabier Zabalo y Ainhoa Barbarin por la colocación de un coche-bomba, el 18 de agosto de 2001,en un hotel de Salou (Tarragona), cuya explosión hirió a una veintena de personas.

Los tres, para los que el fiscal solicitaba 223 años de cárcel, están acusados de un delito de estragos terroristas, tres de lesiones gravadas, quince de lesiones, uno de robo con fuerza y otro falsificación con finalidad terrorista, aunque han sido absueltos de integración en organización terrorista, por lo ya fueron condenados por un tribunal francés en 2008.

También deberán indemnizar a ocho víctimas con 100 euros por día de sanidad y 150 euros por día de impedimento, y a tres de ellas con 20.000 euros adicionales y a otra con 500 euros por haber sufrido secuelas más graves, y no podrán acercarse a la localidad de Salou ni a los heridos durante cinco años.

Asimismo, tendrán que abonar por daños materiales en los bienes muebles e inmuebles las cantidades de 147.743,35 y 645.130,36 euros.

El fallo destaca que el límite de efectivo cumplimiento de las penas de cárcel no excederá de 25 años, sin perjuicio de que los beneficios penitenciarios serán aplicados sobre la totalidad de las condenas impuestas.

La sala considera probado que Berasategi, Zabalo y Barbarin constituyeron a finales de 1998 el "comando Behorburu", bajo las ordenes directas del aparato militar de ETA, que les facilitaba los medios materiales y económicos para cometer atentados.

Berasategui alquiló en enero de 2000 un local en Urretxu (Guipúzcoa) y constituyó junto con Zabalo una empresa dedicada al lavado y limpieza de vehículos, aunque en realidad los locales se utilizaban para ocultar coches previamente sustraídos y preparar los explosivos que luego colocaban en ellos.

El 10 de agosto de 2001 sustrajeron un coche en Ondarroa (Vizcaya) y lo trasladaron a Urretxu donde lo ocultaron y colocaron un artefacto explosivo, compuesto por unos 50 ó 60 kilos de tytadine, así como placas falsas y, una vez preparado, Berasategui y Barbarin lo trasladaron hasta Salou.

A las 07:16 horas del 18 de agosto, Berasategui llamó a la DYA de Guipúzcoa para avisar de que a las ocho de la mañana iba a estallar un coche-bomba en el aparcamiento del hotel Calafont, por lo que las fuerzas de seguridad desalojaron el establecimiento y, a las 08.03, se produjo la explosión, que provocó lesiones a una veintena de personas, entre ellas tres guardias civiles y varios niños.

Según la sentencia, el testimonio de un agente que intervino en la inspección ocular "sitúa en la magnitud de la deflagración" y recuerda que, según apreció el testigo, "si bien la calle era ancha, por ser de doble sentido, se pudo haber generado una gran masacre".

Los informes periciales constatan, prosigue el fallo, la coincidencia entre algunos materiales intervenidos en el domicilio de Berasategi con restos de las explosiones producidas en Barajas, Málaga y Salou, todas en 2001, "alcanzando mayor relevancia las similitudes" de los temporizadores, detonadores, explosivos y cordón detonante.

A ello se une las placas de matrículas falsas colocadas en los coches-bomba de Barajas y Málaga, que "dotan de convicción a la hipótesis de un plan articulado para causar miedo y daños colaterales en el curso del verano de 2001".

La sala asegura que Berasategi es "el responsable", dado que tenía una carta con la dirección y fue él quien alquiló el local, mientras que en casa de Barbarin se encontró un plano de Salou y un croquis a mano alzada para centrar una entrega de material.

Sobre la acusada, aunque sus dos compañeros negaron su participación en el juicio celebrado el pasado 10 de diciembre, la sala sostiene que cooperó "en todas o en algunas actividades del comando".