La Concejalía de Urbanismo de Aljaraque custodia los documentos para evitar pérdidas

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), Rafael Sánchez Rufo (IU), ha informado hoy que su departamento está custodiando los convenios urbanísticos firmados en los últimos 12 años para "evitar posibles pérdidas".

En una rueda de prensa, Sánchez Rufo ha explicado que se trata de "una medida elemental preventiva" después de que ayer fueran detenidos por un presunto delito fiscal contra la hacienda pública y otro de blanqueo de dinero el ex alcalde de la localidad, Juan Manuel Orta (PP), un socio suyo, Antonio Hernández, el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, y la mujer de éste, Antonia Santos.

Sánchez Rufo ha indicado que para ello se han puesto "a buen recaudo" estos documentos y se ha mejorado la vigilancia en la Concejalía.

Asimismo, el concejal de IU se ha puesto a disposición de la Justicia para apoyarla y facilitarle cuanta información esté en su poder y sea necesaria, pues lo que persigue es "que se depuren responsabilidades penales hasta sus últimas consecuencias".

Sánchez Rufo ha manifestado que las detenciones de ayer le causan "profunda tristeza" y aunque ha recordado que la presunción de inocencia es "un principio democrático elemental", ha insistido en su deber de denunciar políticamente la especulación urbanística y "perseguir a aquellos que defienden los intereses privados por encima de los de la mayoría".

En su opinión, la política desarrollada por los detenidos cuando tenían responsabilidades municipales "influye negativamente en la gestión actual del Ayuntamiento pues durante los 12 años del gobierno del PP se dilapidó el patrimonio del suelo de la localidad vendiéndolo por debajo de su precio".

Por último, ha indicado que desde su Concejalía se trabaja ahora por recuperar la confianza de los ciudadanos que "pueden estar tranquilos, pues las cosas han cambiado y actualmente se desarrollan políticas sostenibles y transparentes" y ha anunciado que en el marco del nuevo PGOU se creará una Oficina de Participación para que el nuevo modelo de ciudad sea consensuado.