Los concejales se resisten a declarar su patrimonio

Los ayuntamientos españoles no se han dado por enterados. Un año después de la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Régimen Local incluida en la Ley del Suelo de 2007, que establece que el patrimonio y las actividades de los concejales debe ser público, tan sólo son tres los municipios que han hecho públicas las declaraciones de bienes de los ediles: Sevilla, Gijón y Oviedo.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reconocen que esta institución "no sigue ningún control" respecto a los consistorios que cumplen con la ley, aunque excusan a sus miembros, al asegurar que "se respeta la norma, si bien cada uno lo hace a su manera".

Es cierto que la ley otorga a cada municipio la capacidad de regular la forma de hacer públicos los datos. Por eso, muchas corporaciones consideran haber cumplido con la norma cuando los ediles declaran sus bienes ante el consistorio y los remiten a un funcionario, que a su vez se encarga de facilitárselos a quien justifique un determinado interés.
Se trata de una posible interpretación de la normativa, pero tal y como reconocen desde la FEMP, la "transparencia más elevada" es la de los casos de Sevilla, Oviedo y Gijón, donde todos los datos han salido a la luz en las páginas webs de los ayuntamientos o en los medios de comunicación, aunque siempre respetando la intimidad de los ediles.
Además, en la ley se establece que las declaraciones de los concejales "serán publicadas con carácter anual" y en ningún momento se indica que los ciudadanos deban justificar un interés concreto para tener acceso a los datos.

La publicación de esos datos en esas tres ciudades no estuvo exenta de polémica. En Gijón, la decisión de colgar en internet las cuentas y propiedades de los ediles estuvo motivada por el reto de los concejales del PP a la alcaldesa socialista, Paz Felgueroso, a que publicara los datos. La regidora lo hizo de inmediato.

La transparencia mostrada por los ediles gijoneses empujó a los de Oviedo a hacer lo propio, aunque aquí la oposición socialista no quedó conforme del todo, ya que denunciaron que el alcalde, Gabino de Lorenzo (PP), no declaró todo lo que tenía.

En Sevilla, más de lo mismo. Aquí tan sólo han colgado sus declaraciones de bienes y patrimonio los ediles socialistas y los de Izquierda Unida, mientras que el PP se niega a que los datos de sus representantes municipales aparezcan en la web del ayuntamiento, porque exigen conocer antes los sueldos de los altos cargos designados por el alcalde en las sociedades municipales.

Con la intención de acabar con ese vacío legal que no especifica la forma de hacer públicos los datos de los concejales, el PSOE ha pedido a la FEMP la redacción de un código de Buen Gobierno en el que se comenzará a trabajar en septiembre, buscando siempre el consenso de todos las formaciones.

Sevilla, Oviedo y Gijón han dado un paso más en la transparencia de la representación pública. Pero siguen siendo sólo tres municipios y 87 concejales, en un país de más de ocho mil municipios y cerca de 66.000 ediles.