El Gobierno griego inicia hoy una semana crítica en las negociaciones para la aprobación de las nuevas medidas de austeridad por valor de 13.500 millones de euros exigidas por la troika a cambio de un nuevo tramo de ayuda financiera. Por un lado, un representante del Ejecutivo viaja este lunes a Bruselas para participar en la reunión del grupo de trabajo del Eurogrupo, donde se tratará sobre la situación de Grecia, España y Chipre. Se prevé además que los expertos en Bruselas preparen las reuniones de ministros de Finanzas de la zona del euro del próximo miércoles (vía teleconferencia) y del 12 de noviembre.

Es de esta última cita de la que Atenas espera recibir luz verde al pago de un nuevo tramo, de 31.500 millones de euros, que forma parte del rescate financiero externo acordado a principios de año. Pero antes, el Gobierno que dirige el conservador Antonis Samaras debe conseguir que el Parlamento ratifique las nuevas medidas de ajuste y para ello necesita el visto bueno de sus socios, los partidos de centroizquierda Pasok y Dimar.

Ambas formaciones se oponen hasta el momento a las exigencias de la troika -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Moneario Interncional- en materia de flexibilización laboral. Entre sus esfuerzos por alcanzar el consenso, Samarás mantendrá hoy contactos con el líder de Dimar, Fotis Kuvelis, al tiempo que el jefe del Pasok, Evangelos Venizelos, reunirá a la cúpula de su partido para acordar una postura común.

Samaras pretende iniciar esta misma semana la tramitación parlamentaria de los presupuestos, en los que se incluye parte del recorte de 13.500 millones de euros. Asimismo, el próximo lunes se presentará al Parlamento por vía de urgencia el paquete de 89 'acciones previas' reclamadas por la troika para que su informe de progresos sea positivo, de manera que puedan ser votadas el día 7 de noviembre. En esa serie de acciones se incluyen las polémicas medidas de flexibilzación laboral que Dimar se opone a ratificar.

Aún así, según el diario Ethnos, el Gobierno de Samaras pretende mantener el calendario previsto y someter a votación todas las medidas 'sea cual sea la posición final de Dimar'.