Colectivos LGTBI han reclamado este jueves que la futura ley trans contemple la creación de una tercera casilla en el Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas no binarias, aquellas que no se autoperciben ni como varón ni como mujer. 

En un comunicado, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo y Chrysallis y la Asociación de Familias de Menores Trans han presentado algunas de las propuestas de cambio a los borradores de la futura ley trans y ley LGTBI que prepara el Ministerio de Igualdad. 

Así, las organizaciones reivindican una tercera casilla en el DNI para las personas no binarias, una revisión y ampliación de las medidas dirigidas a fomentar la inserción laboral de las personas trans o la tipificación de las supuestas terapias restaurativas como delitos, entre otros. 

El borrador de Igualdad contempla que el Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para que los documentos oficiales de identificación puedan omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo. 

Pero la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, explica que "no podemos dejar a las personas no binarias nuevamente al margen de la ley". "Aunque históricamente se nos haya negado y marginado, existimos, somos una realidad y no entendemos por qué nuestra identidad no puede verse reflejada en nuestros documentos oficiales al igual que se hace con el resto de la población". 

Las organizaciones consideran los textos presentados por Igualdad una base sólida y con garantías jurídicas que recogen las dos líneas rojas de los colectivos: el reconocimiento por ley del derecho de autodeterminación y la despatologización de las personas trans.

Sin embargo, entienden que en algunos aspectos "se quedan cortos" y "es importante seguir construyendo y buscar consensos entre los partidos y las entidades representantes del colectivo para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica de hacer justicia con las personas trans y LGBI y no dejar a nadie atrás". 

En concreto, piden que se permita a las personas migrantes que residen en España de manera estable tener la opción de cambiar su género en su documentación, aunque no tengan la nacionalidad española y que este derecho sea extensible a las personas refugiadas que provienen de países donde no está reconocido el derecho de autodeterminación.