El presidente ejecutivo de Repsol YPF, Antoni Brufau, gana un tiempo precioso en su pugna con Luis del Rivero, su homónimo en Sacyr (primer accionista de la petrolera, con el 20%), y la estatal mexicana Pemex, que hace un mes se alió con la constructora para hacer valer conjuntamente la suma de sus participaciones (29,5% en total) y tomar el control de la compañía.

Este martes se esperaba que la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuyo consejo de administración se reunió en sesión extraordinaria, decidiera si procede elaborar un dictamen vinculante sobre el pacto Sacyr-Pemex, en virtud de la denominada Función 14 del regulador, como pidió Repsol el pasado día 5 por entender que la alianza afecta a actividades reguladas del sector energético. Entre ellas no está el petróleo, pero sí el gas, negocio en el que Repsol tiene una sociedad conjunta con su participada Gas Natural.

Sin embargo, la CNE ni siquiera trató la cuestión y no aclaró cuándo decidirá si elaborará o no el informe: 'No sabemos si lo hará en próximas sesiones', indicó una portavoz, que recordó que el organismo tiene tres meses para decidir al respecto desde la solicitud del interesado.

Se había especulado con que la CNE (organismo adscrito al Ministerio de Industria) se inhibiría en este asunto, después de que el titular de esa cartera, Miguel Sebastián, no pusiera pegas a la alianza entre la constructora y el grupo estatal mexicano.

Que el regulador aplace su decisión sobre el informe beneficia a Brufau, que ve cómo el tiempo corre en contra de Del Rivero, cuyos apoyos en el seno de Sacyr empiezan a flaquear por el abultado endeudamiento contraído para financiar su aventura en Repsol, que data de hace casi cinco años. Mientras, crece la oposición a la entente Sacyr-Pemex, después de que, la semana pasada, un documento interno de la petrolera mexicana revelara que pretende aprovecharse de la tecnología de Repsol para sus propios intereses. Además, Pemex admitió que lograr un poder equivalente en otra petrolera 'significaría inversiones considerables', de entre 10.000 y 30.000 millones de dólares, frente a los 1.600 millones de dólares desembolsados en un 5% adicional de Repsol, de la que la mexicana ya era accionista desde hace dos décadas.

Este martes, en vísperas de que Repsol celebre hoy un consejo de administración considerado clave, ya que será el primero desde que se anunció la entente y servirá para fijar las posiciones de las partes (ver información adjunta), el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro (cuyo nombre suena en algunas quinielas como ministro de Industria si los conservadores llegan a Moncloa), fue muy gráfico: 'No nos gustan las empresas públicas invirtiendo en nuestros países'.

Montoro abogó por 'templar los movimientos empresariales' y esperar al nuevo Ejecutivo para que este tome las decisiones oportunas. 'Un país que entra en elecciones debe velar por la evolución de ese tipo de movimientos', dijo el dirigente conservador, que añadió que no es el 'momento' de operaciones empresariales en sectores clave como el energético. Todo un aviso sobre un posible veto para Pemex.