La Comisión Nacional de la Energía (CNE) abordará en su reunión de esta semana, previsiblemente el jueves, si reabre los expedientes en los que autorizó a ACS, principal accionista de Iberdrola, a tomar hasta el 24,9 por ciento del capital de la eléctrica, y a ejercer sus derechos de voto.

Tras la petición cursada por Iberdrola para que revoque estos permisos, el Consejo de Administración del organismo abordará si es necesario reabrir el procedimiento de autorización, que se cerró con las resoluciones de noviembre de 2006 y febrero de 2007, e iniciar nuevos expedientes o mantener los existentes.

Iberdrola cree que las conversaciones de ACS con el grupo energético público francés EDF sobre una eventual operación sobre la eléctrica invalidan los permisos que el organismo otorgó en su día a la constructora.

Los rumores de opa han producido una guerra abierta entre la constructora que preside Florentino Pérez y la eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez Galán.

La semana pasada el presidente de Iberdrola cargó contra ACS, a la que acusó de ser "su principal competidor" y amenazó con llevar a los tribunales si perjudica los intereses de Iberdrola por las conversaciones con EDF.

"Los hechos están demostrando que sus intereses como competidor están superando a los de accionista", afirmó.

ACS, a través del presidente de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, replicó que su incorporación al accionariado de Iberdrola respondió a una petición del propio Sánchez Galán, a quien recriminó que, tras lograr su propósito, intentara que la constructora no tuviera representación en Iberdrola.

El 30 de noviembre de 2006, la CNE autorizó a ACS a aumentar su participación en Iberdrola hasta el 24,9 por ciento, aunque le impuso algunas condiciones, como informar trimestralmente sobre la evolución de su participación y comunicar cualquier circunstancia relevante y el grado de influencia que implicase.

Cuatro meses después, el 15 de febrero de 2007, la CNE permitió a la constructora que preside Florentino Pérez ejercer derechos de voto por encima del 3 por ciento en la Junta de Accionistas de Iberdrola, salvo cuando se trate de decisiones estratégicas.

Iberdrola, que recurrió sin éxito estas decisiones ante el Ministerio de Industria, ha pedido ahora al organismo que revoque los permisos otorgados a la constructora y limite, de forma provisional y sin ninguna excepción, sus derechos de votos al 3 por ciento.

La eléctrica considera que los contactos entre EDF y ACS contradicen los objetivos manifestados en su día por la constructora para entrar en el capital de Iberdrola e invalidan las autorizaciones concedidas por la CNE.

Cuando la constructora solicitó al regulador energético las autorizaciones pertinentes para ser accionista argumentó que el objetivo "estratégico" de la operación era constituir un núcleo accionarial "estable" y "de carácter nacional", según Iberdrola.