Los clubes profesionales con aplazamientos de deuda tributaria concedida estarán obligados a aceptar ofertas para la adquisición de los derechos federativos de sus jugadores y a comunicar cualquier oferta recibida en este sentido a la Agencia Tributaria (AEAT), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Así lo establece el protocolo firmado hoy por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el CSD y la LFP para el control y reducción de la deuda de los clubes de fútbol con la AEAT, que alcanza la cifra de 673 millones de euros, según los datos facilitados en la presentación del documento.

Dentro de las actuaciones conjuntas entre el CSD y la LFP, el Protocolo prevé modificaciones legales, estatutarias y reglamentarias para marcar éstas y otras obligaciones a los clubes..

Para realizar la venta en este supuesto se creará una comisión tripartita, formada por representantes de la LFP, el CSD y el club deudor, que decidirá, estudiadas las ofertas recibidas por un jugador, la obligación de acceder a su transferencia para hacer frente a los aplazamientos existentes con la AEAT u otros organismos públicos.

"En caso de discrepancias se designará un experto independiente que resolverá con carácter definitivo el hipotético conflicto" señala el Protocolo.

El mismo añade que "se establecerá un sistema por el cual si un equipo aumenta el volumen de su deuda tributaria aplazada pueden dirigirse ofertas a la citada comisión por cualquiera de los derechos federativos de los jugadores de su plantilla".

"Dicha comisión podrá obligar al club a que acceda a transferir derechos federativos de sus jugadores hasta completar la cantidad en la que se hayan aumentado los aplazamientos, destinándose lo ingresado a eliminar ese crecimiento del volumen de la deuda tributaria aplazada", agrega.

Los clubes estarán obligados a facilitar a la comisión copia de cada uno de los aplazamientos concedidos por la AEAT y se sancionará la omisión de esta información.

El Protocolo determina también actuaciones de la LFP, que exigirá para participar en sus competiciones que los clubes informen sobre sus deudas con organismos públicos, concretando si están o no aplazadas, y sobre su intención de pedir cualquier aplazamiento con 15 días mínimo de antelación.

El incumplimiento de un aplazamiento del pago será infracción disciplinaria, que conllevará sanciones como la suspensión temporal del derecho a los servicios administrativos de la LFP, en particular la tramitación de las licencias federativas, la pérdida de todos los derechos económicos que pueda percibir el club y la pérdida de puntos en la propia competición.

Será infracción muy grave y sancionable con la expulsión de la competición cualquier conducta, hecho o negocio jurídico realizado para eludir las obligaciones y los mecanismos contemplados en el Protocolo, incluida cualquier omisión o inexactitud de la información sobre deudas tributarias pendientes o aplazamientos concedidos.

Según el protocolo, a partir de la temporada 2014-2015 los clubes tendrán que depositar o garantizar en la LFP el 35% de cada uno de los pagos que corresponda realizar al operador por sus derechos audiovisuales como requisito para participar en las competiciones organizadas por la Liga.

El desarrollo del Protocolo será evaluado por una comisión paritaria de la Liga y el CSD, organismo que ejercerá un control administrativo sobre la Liga.

La patronal de clubes que puede recibir sanciones como la inhabilitación de sus directivos, multas o la supresión de los ingresos que recibe de las administraciones públicas (subvenciones, quinielas, patrocinios...) en caso de no hacer cumplir sus actuales Estatutos y Reglamentos.