España es uno de los países con menor número de bicicletas por habitante de la Unión Europea, algo más de 200 por cada 1.000. En Alemania rondan las 900 y en Dinamarca casi tienen una bici por cada ciudadano. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de ciudadanos que acuden habitualmente a sus centros de trabajo en bicicleta no supera el 1% en ninguna de las grandes capitales españolas. En Madrid, ni siquiera llegan a ser el 0,5%. La media europea asciende al 9% y en Holanda, por ejemplo, el 40% de la población pedalea hasta el trabajo.

¿Por qué no circulan más bicis a diario en España, donde prácticamente el 90% de la población sabe manejarlas? En el último Consejo de Ministros, celebrado el jueves, el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), que pretende impulsar todo tipo de medidas que consigan un descenso efectivo del uso de vehículos motorizados, en favor de otros medios más ecológicos, incluida la bici.

Los ciudadanos reclaman la intervención del Gobierno para impulsar el uso de la bicicleta. Según una encuesta realizada por la empresa de estudios de opinión Gesop la más completa sobre el uso de la bicicleta en España, más del 93% de los encuestados cree que las administraciones deberían fomentar el uso de este medio de transporte. Más de tres cuartos de la población española tiene en casa una bici para su uso personal. Sin embargo, la gran mayoría (74%) son modelos de montaña, lo que implica que se piensa en la bicicleta como una herramienta para el ocio o el deporte de fin de semana, no como un medio de transporte convencional.

El documento aprobado por el Ejecutivo habla poco de bicis apenas tres menciones relevantes en un documento de más de 40 páginas y en algún caso para situarse en una evidente contradicción. El texto, que va dirigido desde el Gobierno a las administraciones autonómicas y locales, recomienda 'mejorar la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte colectivo'. En concreto, impulsa la puesta en marcha de medidas que permitan transportar la bicicleta en los trenes. Sin embargo, Renfe, entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento, no permite que se acceda a los vagones con una bicicleta en la mayoría de sus trayectos. Sólo algunas líneas, y en horarios extemporáneos, permiten transportar la bici.

Además, el documento aprobado por el Ejecutivo ni siquiera es vinculante. Se trata únicamente de una hoja de ruta con recomendaciones para las administraciones, lo que le ha valido al Gobierno críticas unánimes por parte de los ecologistas. Estos colectivos reclaman que se apruebe una Ley de Movilidad Sostenible que obligue a los poderes públicos a tomar medidas.

Por otro lado, la EEMS plantea alguna recomendación para favorecer el uso de la bici que incluso podría perjudicar su implantación. En uno de los puntos de este texto se aconseja 'incentivar la separación de los flujos de transporte': las bicis por un lado y los coches por otro. El conocido como carril bici es desestimado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) en su Plan de Acción y Promoción de la Bicicleta Pública, al considerar que 'lo normal sería conceder a la bicicleta su lugar en la ciudad junto al coche y a los transportespúblicos'.

Eso es lo que propugnan la mayoría de colectivos activistas en favor del uso de la bicicleta: la solución no es la segregación del tráfico, sino la integración de las dos ruedas entre el resto de los vehículos.

'Es necesaria una Comisión Interministerial, porque para la implantación efectiva de la bicicleta hace falta la intervención decidida de Sanidad, Hacienda, Fomento, Medio Ambiente...', reclama Xavier Corominas, director de la Fundación ECA para la preservación del medio ambiente, quien considera 'imprescindible' la constitución de una Mesa Estatal de la Bicicleta. Corominas además es secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una organización creada el pasado mes de marzo y que simboliza esta falta de apoyo decidido por parte del Gobierno.

Medio centenar de ayuntamientos han lanzado este proyecto para tratar de impulsar desde abajo la colaboración de las distintas administraciones en la promoción de la bicicleta. 'Las ciudades ya lo tienen claro; para pacificar el tráfico, tenemos que adaptarnos al ritmo de la bici', sentencia Corominas. Su principal baza es la implantación de sistemas públicos de préstamo de bicis, que se está extendiendo por numerosas localidades españolas. En el último año, los municipios con bicicletas públicas han pasado de ser unos 30 a superar los 70. Un dato que ilustra el potencial de los sistemas de bicis públicas: en Barcelona, desde la implantación del sistema Bicing (alquiler público de bicis), el número de usuarios de las dos ruedas ha crecido un 81% en un año.

Cuatro de cada cinco españoles querría que se implantara un sistema de alquiler público de bicicletas en su municipio (según el estudio de Gesop) y, sin embargo, como denuncia el IDAE, este sistema todavía no está reconocido como transporte público en los distintos esquemas de subvención pública.

Pero la bici pública no puede sola. Como señala el experto en movilidad sostenible de la consultora Gea21, Alfonso Sanz, si no se atacan de forma global todos los aspectos de la integración de la bicicleta y se apuesta por un único sistema para su implantación, se produce un 'efecto succión'. Esto es, que los únicos ciudadanos que se pasan a la bici son aquellos que se mueven a pie o en transporte público.

La experiencia de éxito probada en ciudades europeas como Londres o Edimburgo demuestra que el paso definitivo para la integración de la bici es el de la discriminación positiva frente al coche.