El CGPJ suspende a Garzón y aplaza su decisión sobre La Haya

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz de abrírsele un proceso por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo, y después aplazó la decisión sobre si le concede un permiso para trabajar en el Tribunal Penal Internacional.

El órgano de gobierno de los jueces aparta así temporalmente al juez, conocido por investigar violaciones de derechos humanos en numerosos países, de un puesto en el que lleva más de 20 años, en una resolución que fue criticada desde varios sectores políticos y sociales.

"El pleno ha acordado por unanimidad hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones, que viene determinada por la resolución dictada por el Tribunal Supremo de la apertura de juicio contra el referido magistrado", dijo la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, a la prensa.

que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación -, acusa al juez de abrir unas diligencias contra personas fallecidas - entre ellas el dictador Francisco Franco - sobre delitos que habían prescrito o estaban amnistiados por la Ley de 1977.

A la pregunta de un periodista internacional sobre si la Justicia española iba a verse desprestigiada, la portavoz del CGPJ dijo: "El Consejo respeta las discrepancias pero le puedo asegurar que en España tenemos un sistema judicial garantista, que nuestro Tribunal Supremo ha dado muestras evidentes (de ello)".

La decisión sorprendió al magistrado jienense de 54 años trabajando en su despacho de la Audiencia, y poco después de las 2 de la tarde abandonó el edificio con la emoción reflejada en el rostro, entre los aplausos del personal del tribunal y gritos de "Garzón, amigo, el pueblo está contigo".

"Lo afronto con tranquilidad, con la tranquilidad que da saber que se es inocente de aquello que se me acusa", había manifestado el jueves ante una decisión que se esperaba, puesto que es el procedimiento habitual en estos casos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el Gobierno respetaba la decisión del órgano judicial pero recordó la "presunción de inocencia" de Garzón, porque "el procedimiento no ha terminado".

Otras reacciones fueron más allá, como el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que se declaró "en rebeldía" ante la decisión judicial, o la del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que calificó lo ocurrido de "un golpe similar al 23-F".

Desde el PP, su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que "cualquier persona, sea juez o sea cual sea su profesión, está sujeta a la ley y la ley se aplica a todos los españoles con absoluta igualdad".

SE APLAZA SU POSIBLE MARCHA A LA HAYA

Garzón pidió el martes ir en comisión de servicios especiales al TPI en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos por una oferta de su fiscal, Luis Moreno-Ocampo. Al día siguiente, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ordenó la apertura de juicio oral contra él por investigar los crímenes franquistas a sabiendas de que no tenía competencia para hacerlo.

Tras una reunión de dos horas, la Comisión Permanente del CGPJ decidió el viernes por unanimidad esperar a recibir unos nuevos informes que solicitó.

Al fiscal del tribunal que tiene su sede en La Haya le pregunta si después de la suspensión cautelar de Garzón mantiene su oferta de trabajo y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.

una de ellas la de los crímenes del franquismo, por la que se sentará en el banquillo -, al Fiscal General del Estado y al Ministerio de Asuntos Exteriores les pide que se pronuncien sobre si la suspensión del conocido magistrado supone algún cambio.

Centenares de personas se congregaron en el exterior de la sede de la Audiencia para mostrar su apoyo al titular del juzgado número 5, que había regresado por la tarde, y le saludaron con gritos de "Qué vergüenza" y "Esta justicia, no nos representa" cuando salió del edificio en un vehículo, tras mandar un beso a los congregados, entre los que había políticos y actores.

La decisión de sentar en el banquillo a Garzón, tomada en contra de la opinión de la Fiscalía, ha levantado ampollas en la sociedad española y ha llegado también al extranjero, donde se han sucedido los apoyos a un magistrado que alcanzó notoriedad internacional en 1998 por intentar sentar en el banquillo al ex dictador Augusto Pinochet.

Su fama en España había comenzado antes, desde que llegó a la Audiencia en 1988, y rápidamente se significó en la investigación de causas contra ETA y el narcotráfico. En 1993 tuvo un breve paso por la política con el PSOE, y ocupó el cargo de secretario de Estado del Plan Nacional de Drogas, que abandonó después de un año, según se ha publicado por discrepancias con el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

Una vez reincorporado a la Audiencia, abrió el "caso GAL", un grupo ilegal de guerra sucia contra ETA por el que fueron condenados varios dirigentes socialistas, y más recientemente, inició la investigación sobre el "caso Gürtel" de presunta corrupción en la que están vinculados altos cargos en activo y retirados del PP.

A nivel internacional, además del intento de extraditar a Pinochet, ha iniciado numerosas causas por violaciones de los derechos humanos en múltiples países, desde militares de la dictadura argentina a una orden de caza y captura contra Bin Laden o los abusos en la prisión de Guantánamo

Además de la causa del franquismo, tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió del Santander durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.