El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rectificado su posición inicial sobre la posibilidad de suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, contra quien el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación.

El CGPJ ha aclarado que decidirá sobre esta cuestión cuando dicha admisión de la querella devenga en firme, es decir, cuando se hayan rechazado los posibles recursos que se presenten contra ella. Esta decisión, por lo tanto, podría producirse en las próximas semanas.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces realizaron esta puntualización después de que anteriormente hubieran indicado que la posible suspensión cautelar al juez sólo se produciría en el caso de que el alto tribunal dictara en su contra un auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, es decir, cuando hubiera concluído la instrucción del procedimiento abierto contra él.

Garzón, por su parte, tiene previsto presentar en los próximos días un recurso de súplica al auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que admite la querella presentada contra él por el sindicato Manos Limpias por un presunto delito de prevaricación, en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil Española y el Franquismo, han informado fuentes próximas al magistrado.

Según las citadas fuentes del CGPJ, la posible suspensión de Garzón sería valorada por la Comisión Permanente en el momento en el que el alto tribunal le comunique la firmeza de la admisión a trámite, tal y como establece el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Éste señala que la adopción de esta medida cautelar contra jueces 'sólo tendrá lugar cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'.

Fuentes del CGPJ han indicado que 'éste el procedimiento se sigue con el juez Garzón y con el último juez de instrucción de cualquier pueblo'. Como precedentes, los jueces Francisco Javier de Urquía (condenado por su relación con la trama Malaya ) y Fernando Ferrín Calamita (también finalmente condenado por retrasar la adopción de una niña por dos lesbianas) que fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones cuando se abrieron diligencias penales contra ellos.

Además, las citadas fuentes destacaron que la querella admitida a trámite por el Supremo no cuenta con el aval de la Fiscalía y sólo está respaldada por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias.