CGPJ y convocantes difieren sobre el seguimiento de la huelga

La primera huelga de jueces de la historia española ha sido seguida por un 65%, según las asociaciones convocantes, pero su órgano de gobierno, que no respalda los paros, señaló que esa cifra era de apenas el 35% de los más de 4.600 magistrados del país.

La huelga nacional fue convocada por una treintena de organizaciones judiciales que reclaman mejoras en la administración de justicia, y si sus demandas no son escuchadas habrá otra jornada de paro en junio, según la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las que llamaron a las movilizaciones.

La AJFV, convocante junto con el Foro Judicial Independiente, dijo que había contabilizado que por la mañana 2.192 magistrados habían ido a la huelga, un 63 por ciento de la cifra total, siendo los mayores ampliamente seguidos en Valencia y Madrid.

El Consejo General del Poder Judicial, que considera que no hay lugar a la huelga y que ésta no tiene soporte normativo, registró también un mayor seguimiento en estas dos regiones, pero sus datos variaron significativamente de los de los convocantes, situándose en 1.621 de los 4.570 jueces del país, un 35,47%.

"Destaca el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que en su mayoría han decidido atender a los ciudadanos. Las movilizaciones que se han producido hoy ponen de manifiesto que existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", dijo en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

Los jueces llevaron a cabo también concentraciones a las puertas de los juzgados de varias ciudades españolas a mediodía para reclamar, entre otras cosas, la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

Las asociaciones judiciales reclaman también que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se había mostrado convencido de que los paros serían minoritarios, dijo que habría que estudiar reformas para regular las reivindicaciones de los jueces.

"La lógica indica que deberemos afrontar una regulación del modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, desde la evidencia de que un poder del estado no debe hacer huelga", dijo en una rueda de prensa en Madrid.

Los convocantes de los paros, que coinciden en Madrid con una huelga salarial de funcionarios de justicia, habían establecido unos servicios mínimos para asuntos urgentes e inaplazables, levantamientos de cadáveres y otras medidas cautelares urgentes, y expedir licencias de enterramientos y matrimonios, entre otros.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mari Luz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Varios miembros del Gobierno han dudado de la legalidad de una huelga por parte del poder judicial según la Constitución. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que huelga no es "razonable" y aseguró que el Ejecutivo está haciendo "el mayor esfuerzo" de la democracia para modernizar la Justicia.