En la madrugada del 2 al 3 de diciembre de 1984, un escape de gas en la fábrica de pesticidas de Union Carbide  en la región de Bhopal, en India, provocó  uno de los más graves desastres humanitarios y medioambientales de la historia. 24 toneladas de isocianato de metilo (MIC),  un compuesto altamente tóxico y mortal, arrasaron todo resquicio de vida y recursos que quedaba en varios kilómetros a la redonda.  Se calcula que entre 22.000 y 25.000 personas murieron a consecuencia de la fuga química y que más de 57.000 se vieron expuestas a niveles nocivos de este compuesto, que causó malformaciones y secuelas que en algunos casos han pasado de generación en generación.

30 años después, la empresa estadounidense propietaria de aquella fábrica, Union Carbide Corporation, ha eludido responder ante la justicia india mientras miles de personas siguen bebiendo el agua contaminada o padeciendo "enfermedades ginecológicas" e "infertilidad", según denuncian los grupos de afectados y activistas.

"Mi hija no podía quedarse embarazada después de cuatro años de matrimonio. Los médicos le dijeron claramente que si has bebido de esa agua tóxica ya no podrás dar a luz", dice Shahzadi Bi, una mujer de 60 años superviviente de la catástrofe. Su testimonio ha sido recogido, junto al de otros afectados, por la organización Amnistía Internacional en un informe con motivo de estas tres décadas de impunidad.

"A la gente se le ha acabado la paciencia. Siguen recordando. Siguen llorando y lamentándose por los familiares que murieron aquel día. Sienten que, al menos ahora, nuestro gobierno y la compañía deberían escucharnos y tomar medidas, porque treinta años es demasiado tiempo", añade Safreen Khan, de 20 años e hijo de supervivientes.Impunidad

La situación de las víctimas de Bhopal es el resultado de un laberinto de 30 años de resoluciones judiciales, operaciones comerciales, fugas de la justicia y connivencia política que hasta ahora sólo ha beneficiado a la compañía norteamericana, hoy en manos de la segunda empresa química más grande del mundo, Dow Chemical, que compró Union Carbide en el año 2001 y que niega cualquier responsabilidad. Además, se niega a pagar los costes de la limpieza en la zona.

En un acuerdo extrajudicial en 1989, el Gobierno indio aceptó recibir de Union Carbide una compensación por valor de 470 millones de dólares, tan sólo un 14% de lo que pedían las autoridades del país asiático en un principio. En todo caso, esa suma sólo dio para repartir unos 1.000 dólares para cada persona afectada.

"A la gente se le ha acabado la paciencia. Siguen recordando. Siguen llorando"

Posteriormente, en una sentencia de 2010, siete empleados de la compañía fueron condenados a dos años de cárcel que evitaron gracias al pago de la fianza. Warren Anderson, director de Union Carbide en aquellos años, viajó a India días después de la catástrofe y fue arrestado, pero al ser puesto en libertad hasta que se celebrara el juicio huyó de India adonde nunca más regresó para enfrentar los cargos por homicidio.  Aunque estaba considerado prófugo de la justicia en aquel país, murió el pasado septiembre con 92 años en una tranquila residencia de ancianos en Florida.

"Estados Unidos jamás toleraría que una empresa de propiedad extranjera eludiera la rendición de cuentas por los estragos causados en su territorio; sin embargo, no parece preocuparse tanto cuando las tornas están cambiadas", dice Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, de visita en Bhopal.

"EEUU jamás toleraría a una empresa extranjera eludir la rendición de cuentas"

Ahora, el Gobierno indio ha aceptado revisar las condiciones del acuerdo de 1989 para solicitar mayores indemnizaciones y reevaluar el número y la gravedad de los afectados, pero parece difícil que la empresa química responda. En las dos vistas judiciales celebradas en Bhopal en los últimos seis meses, Dow Chemical no se ha presentado.

No obstante, la presión de la opinión pública sobre ella y sobre la inacción del Gobierno de EEEUU en este aspecto, es fuerte. Según una encuesta realizada por YouGov para Amnistía Internacional, un 82% de los ciudadanos indios encuestados y un 62% de los estadounidenses, se mostraban a favor de que Union Carbide compareciera ante los tribunales indios para enfrentarse a los cargos por homicidio culposo que se le atribuyen. Además, un 70% de los encuestados en India y el 45% de los encuestados en EEUU, creen que el Gobierno estadounidense debe contribuir a que Dow Chemical rinda cuentas.