La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que hasta la fecha cerca de 5.000 ayuntamientos han presentado 1,9 millones de facturas pendientes del pago con proveedores, por importe de 9.584 millones de euros. 'Esta ha sido una medida histórica y única, no porque no se haya hecho nunca sino porque no se va a hacer nunca más', ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antes de añadir que las administraciones públicas deben ser 'creíbles' y 'pagar lo que deben. El Estado ha hecho un esfuerzo pero punto y final'.

A partir de ahora, Sáenz de Santamaría ha dicho que las corporaciones locales deberán regirse por un 'plan de ajuste, ley de estabilidad presupuestaria y un código de buen gobierno con responsabilidad administrativa e incluso penal' para los gestores que pongan a las administraciones en dificultades de viabilidad. La vicepresidenta ha insistido en que los datos facilitados 'son provisionales' porque acaban de llegar al Ministerio de Hacienda y ha pedido 'absoluta prudencia' en el manejo de los mismos.

Antes de avanzar las cifras, la vicepresidenta ha pedido a los ayuntamientos que 'cumplan de una vez y por todas' con los planes de ajuste para que no se vuelvan a producir situaciones como la actual, en relación a la deuda millonaria que las corporaciones tienen con los proveedores. Sáenz de Santamaría ha justificado la provisionalidad de las cifras en que el volumen de las facturas presentado 'es muy grande, se está revisando' y hay un procedimiento en curso, en el que los proveedores podrán solicitar la inclusión de determinadas cifras.

Ayer finalizó el plazo para que los ayuntamientos presentaran al Ministerio de Hacienda la relación de las facturas pendientes y afrontar así el plan de viabilidad, que entrará en vigor en mayo. Sáenz de Santamaría ha puesto el acento en que del listado de facturas presentadas por los ayuntamientos 'dos terceras partes' corresponden a pymes (hasta 25 trabajadores) y autónomos.

Ha añadido que '50.259 proveedores son trabajadores autónomos, y casi 63.500 pequeñas y medianas empresas', lo que en su opinión les permite afirmar que el plan de pago a proveedores 'va a ayudar' a que pymes y trabajadores tengan liquidez, y por tanto puedan mantener su actividad empresarial y su nivel de empleo.

La vicepresidenta ha recordado que ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el plan de pago de deudas por parte de los ayuntamientos y comunidades autónomas a proveedores creará o salvaguardará entre 75.000 y 100.000 puestos de trabajo. El pasado 2 de marzo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un préstamo de 35.000 millones de euros a diez años con dos de carencia, para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan pagar las deudas contraídas con sus proveedores.