El Ayuntamiento de Madrid, condenado a pagar 14.900 euros por una agresión de un 'antidisturbio' sin identificación

El Ayuntamiento de Madrid ha sido condenado a pagar 14.917,99 euros a D.J., un profesor de instituto que sufrió una agresión policial en 2011 por parte de un agente de la Policía Municipal de Madrid tras una manifestación. El agente, que rompió el cúbito al manifestante de un 'porrazo' y que formaba parte de las Unidades Centrales de Seguridad (UCEs), conocidos como los 'antidisturbios', no portaba su número de identificación visible y no pudo ser reconocido. De esta manera, ha sido el Consistorio de Madrid el condenado por la Justicia a pagar 14.917,99 euros más los intereses legales al demandante en concepto de responsabilidad patrimonial. 

Así lo ha decretado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid este mismo martes en una sentencia que pone fin a un largo camino de nueve años de denuncias y reclamaciones de la víctima de la agresión, que previamente había acudido (sin éxito) a los juzgados de lo penal. La decisión judicial, a la que ha tenido acceso Público, da por probado el relato del demandante y desestima los argumentos del Ayuntamiento de Madrid, que rechazaba pagar una indemnización ya que "no se había podido acreditar que las lesiones sufridas tuvieran el origen que señala el recurrente ni tampoco la intervención en las mismas de la Policía Municipal". 

Los hechos sucedieron el 27 de enero de 2011 tras una manifestación que tuvo lugar en el centro de Madrid contra 'el pensionazo'

Los hechos sucedieron el 27 de enero de 2011 tras una manifestación que tuvo lugar en el centro de Madrid contra 'el pensionazo', la reforma de las pensiones que había ejecutado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siendo alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. El denunciante relata a Público, como recoge la sentencia judicial, que se había "refugiado en una zapatería de la calle Montera a causa de los disturbios que se desarrollaban en la zona" y que "al salir de ella un agente de la Policía Municipal se dirigió hacia donde estaban" y le golpeó con su porra ocasionándole, tal y como refleja un parte médico del Hospital Universitario de La Princesa, una "fractura de tercio distal de cúbito izquierdo". 

"Sólo me dio tiempo a escuchar un 'déjale'. Me di la vuelta y vi a un policía que venía hacía mí y puse el brazo. Me partió el cúbito del golpe. El agente desapareció. Ni me pidió documentación ni intento detenerme. Parece que solo le apetecía golpearme", relata el profesor de instituto, que en el momento de los hechos tenía 36 años. La víctima inició entonces un proceso penal para tratar de identificar al agente autor de la agresión. La causa, sin embargo, quedó en nada porque el policía no llevaba un número visible y no fue posible su identificación. 

El abogado de la defensa, Eric Sanz de Bremond, del equipo de Red Jurídica y Legal Sol, ha explicado a Público que el problema de origen de esta situación ha sido la imposibilidad de identificar al agente que propinó el golpe. "El agente ha quedado impune y, además, todos los madrileños tendrán que pagar un dinero por culpa de esa impunidad. Si los policías fueran debidamente identificados el que hubiera pagado por aquellos hechos es el agente de Policía, que fue el responsable", ha señalado el letrado. 

Eliminadas por Ahora Madrid

Las Unidades Centrales de Apoyo (UCEs) de la Policía Municipal de Madrid fueron eliminadas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena (Ahora Madrid), que creó en su lugar la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS), que tenía la mitad de agentes y cuya labor estaba enfocada a dar apoyo a la celebración de grandes eventos y a las unidades de distrito. La investidura de José Luis Rodríguez-Almeida como alcalde y de Inmaculada Sanz como delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias supusieron nuevos cambios en el ámbito de la Seguridad y, prácticamente, un borrón y cuenta nueva a prácticmante todos los cambios introducidos por Ahora Madrid en esta materia como el Comité Ético o el Plan de Identificaciones de Personas Extranjeras (PIPE) que buscaba acabar con la discrminación policial hacia los inmigrantes.