Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán un préstamo sindicado de 35.000 millones de euros a diez años, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5 %, para hacer frente de manera inmediata al pago de las deudas que tienen contraídas con sus proveedores.

Así lo ha explicado hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al término del Consejo de Ministros, en el que se aprobó el plan para que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan saldar su deuda con los proveedores.

De Guindos ha reconocido que "prácticamente todos los bancos españoles", incluido el Instituto de Crédito Oficial (ICO), participarán en esta operación sin precedentes.

Se trata, ha dicho, de "la operación financiera más importante que se ha realizado en España" porque "se inyecta liquidez en un momento en que las pymes están sometidas a un doble estrangulamiento", que es la restricción crediticia y el impago de las deudas de "muchas administraciones territoriales".

"Esto va a supone un alivio importantísimo que sin duda va a tener impacto en el crecimiento económico", ha resaltado De Guindos.

Del importe total del préstamo sindicato, unos 20.000 millones serán para los ayuntamientos y el resto para las comunidades.

El plazo será de diez años con dos de carencia en el que las administraciones autonómicas y locales podrán pagar solo los intereses. El tipo de interés será el del bono del Tesoro a cinco años más 115 puntos básicos, lo que lo sitúa ahora en el 4,70 %.

El ministro también ha explicado que el Tesoro refinanciará la operación para extender la vida del préstamo hasta los diez años, frente a los cinco años a los que presta la banca en estas operaciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que gracias a este mecanismo de pago, las administraciones locales "podrán comenzar a pagar de forma inmediata a los proveedores las facturas pendientes", una medida que se hará extensible el próximo martes a las comunidades autónomas.

Además, el plan irá acompañado de un otro de ajuste para garantizar que las entidades locales acomoden sus ingresos y gastos a una senda sostenible.

Para la vicepresidenta este plan es "una medida clave para dar confianza al sistema" y "erradicar" la morosidad, que se ha llevado por delante "a muchas empresas y muchos puestos de trabajo".

Además, es un "mecanismo que busca la máxima agilidad y rapidez en el pago de las facturas y que tiene como objetivo fundamental apoyar a las pymes, autónomos, empresarios y emprendedores, que son los que crean empleo".

"Las administraciones tienen que tener presente que a partir de ahora tienen que pagar puntualmente sus obligaciones" y ha recordado que la semana pasada se aprobó un Real Decreto Ley por el que los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo la lista de facturas pendientes de pagar a sus proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2011.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el objetivo es que no se vuelva a repetir esta situación de morosidad de las administraciones.

"En un país serio" como España, ha dicho, hay que evitar que las deudas comerciales se acumulen "como si fuera una balsa", porque ello pone en riego la propia financiación de los servicios públicos.

"Este plan introduce, por tanto, los criterios de austeridad máxima, de control máximo y de garantías máximas de las administraciones públicas de España", ha señalado.

Además de dar un respiro a las corporaciones locales y regionales, el plan ha sido celebrado por algunas organizaciones, como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón y medio de empresas, que dan empleo a seis millones de trabajadores.

Su portavoz, Antonio Cañete, ha dicho a Efe que esta medida "ayudará a que se normalice la situación del país", aunque ha pedido transparencia a la hora de ejecutarlo, porque todavía se desconocen los mecanismos de pago.