La Asociación de familiares del Yak satisfecha porque la justicia empieza a actuar

La Asociación de Familiares del accidente del Yak 42 ha manifestado hoy su "absoluta satisfacción" por la decisión de la Audiencia Nacional de obligar al juez Grande-Marlaska a reabrir la investigación sobre el siniestro, lo que supone que "por fin, la justicia empieza a funcionar".

Pacho González, presidente de esta asociación que agrupa a más de 40 de los 62 militares fallecidos en el accidente ocurrido en mayo de 2003 en Turquía, ha declarado a Efe que la Audiencia Nacional, en su auto, confirma las reclamaciones de las familias y que los militares muertos "merecen un acto de justicia".

El auto de hoy supone "un paso importante" para conocer la verdad sobre la contratación del vuelo, ha asegurado González, quien ha confiado en que a partir de ahora "no haya más zancadillas por parte de las autoridades judiciales".

En este sentido ha agregado que con la decisión de la Audiencia "vuelve la voluntad por la investigación judicial y la justicia empieza a funcionar".

Tras recordar que hace tres años y medio la Sala de lo Penal también ordenó a la jueza que instruía el caso, Teresa Palacios, investigar, González ha adelantado que los letrados de la asociación analizarán el auto de hoy para decidir sobre los pasos a seguir.

Ha destacado que el auto de la Sala de lo Penal alude a un posible delito en la contratación del vuelo por parte del Estado Mayor Conjunto y la agencia de contratación de la OTAN NANSA.

Esta Asociación presentó en junio del pasado año un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de archivar la parte de la investigación sobre la contratación del avión y pidió una instrucción "amplia y rigurosa" del accidente.

Entre las diligencias solicitadas por la Asociación figura la citación como testigos del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, del ex secretario general de política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, el ex jefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre y algunos generales, así como de familiares de las víctimas y representantes de la empresa contratista Chapman Freeborn.

Asimismo se solicitaron varios informes y documentación sobre vuelos realizados por NAMSA.