Anticorrupción investiga a la mujer del fiscal de Las Palmas

No es habitual. Y el importe del contrato adjudicado no reúne a primera vista los requisitos por los que la Fiscalía Anticorrupción se haría cargo de una investigación. Pero las circunstancias especiales del caso obligan a tomar medidas excepcionales. Una de las implicadas en la adjudicación presuntamente irregular del servicio de hemodiálisis en las islas Canarias por 124,7 millones de euros a la empresa Lifeblood es la esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.

Si no interviniera Anticorrupción, el representante del Ministerio Público que actúa en la causa debería despachar con su superior jerárquico sobre un asunto que afecta a su esposa, la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad, Lourdes Quesada.

El servicio de hemodiálisis se dio a una firma que antes era una inmobiliaria

No está imputada, pero pese al secreto decretado por la juez instructora en la causa, Victoria Rosell, todo parece apuntar a que participó en la modificación de las condiciones del borrador de las bases, lo que podría significar que fue una de las responsables de beneficiar a la empresa que resultó adjudicataria, sin experiencia en el sector sanitario y hasta poco antes, una inmobiliaria.

La adjudicación provisional del concurso se produjo el 14 de octubre de 2010, una semana antes de que el PP abandonara el pacto de Gobierno con Coalición Canaria. Hasta ese momento, Sanidad había estado en manos de la conservadora Mercedes Roldós.

Precisamente, una de las vías de investigación se dirige a determinar si el PP canario recibió algún tipo de contraprestación por esta adjudicación aparentemente irregular.A favor de que la causa derive hacia la financiación irregular del PP figura el hecho de que Lifeblood fue constituida por Ramón Cerdá, creador de varias de las empresas implicadas en el caso Gürtel, como por ejemplo Good and Better.

Una de las líneas de investigación apunta a una ilegal financiación del PP

Pese a que la Fiscalía Especial cuenta con un fiscal delegado en las islas, tras tener noticia del caso a través de una denuncia y no desde el Ministerio Público en Las Palmas, Anticorrupción ha preferido asignar al caso a dos fiscales destinados en Madrid, Luis Rodríguez Sol y Juan Pavía.

El motivo: evitar, a través de la distancia geográfica y, en este caso, jerárquica, cualquier duda sobre la imparcialidad de la actuación del Ministerio Público en un procedimiento que se prevé complicado.

Y no sólo por las dificultades que plantea cualquier causa en la que se investigan delitos relacionados con la corrupción, sino porque esta, en concreto, podría superar el mero soborno denunciado en un programa de televisión por Leocadia Palop, exjefa del Servicio de Nefrología del Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín, y que llevó a la jueza Rosella abrir de oficio el proceso.

Fuentes jurídicas mostraron su extrañeza ante el hecho de que en una crisis como la actual se otorgue la concesión del servicio de hemodiálisis durante15 años por 124,7 millones de euros. Lo consideran cuando menos sospechoso porque supera con mucho el importe habitual de los contratos realizados por la Consejería de Sanidad.