La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 61 socios de la firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) para los que pide penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda cuotas por valor de 40 de millones de euros en la operación de venta de la división de Consultoría a la firma IBM.

Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y administrador único de PwC; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para los tres se solicitan 14 años y 10 meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.

La acción penal también se dirige contra las sociedades Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting), como responsables civiles subsidiarias.

Según la Fiscalía, los socios omitieron en su declaración de IRPF cantidades que eran rentas de trabajo

Los socios denunciados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.

Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública Estatal y Foral Vasca, cuatro contra la Hacienda Pública Estatal, cincuenta delitos contra la Hacienda Pública Estatal, cinco delitos contra la Hacienda Pública Foral de Vizcaya y un delito contra la Hacienda Pública Foral de Álava.

La primera operación descrita por la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que los socios de la PwC no habrían declarado 20,9 millones de euros en concepto de los bonus que percibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la operación de venta de PwC Consulting a IBM.

'Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos', señala el escrito del Ministerio Público.

La venta, según la acusación pública, se produjo en octubre de 2002, por lo que en el momento en el que se percibieron los bonus (enero de 2002) 'ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio'.

En el momento en el que percibieron los bonus no habían comenzado las negociaciones con IBM

Paralelamente, las cuatro sociedades en las que los socios prestaban servicios omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Así, PwC Auditores dejó de ingresar a Hacienda 4 millones de euros, PwC Jurídico y Fiscal 1,65 millones, PwC Asesores de Negocio 848.869 euros y PwC Consulting 3,1 millones.

Los imputados, según Anticorrupción, habrían presentado la operación de venta como una operación de reestructuración empresarial a fin de defruadar otros 18,3 millones de euros correspondientes al Impuesto de Sociedades.

Como consecuencia de esta 'operación simulada', la Fiscalía señala que Pricewaterhouse Coopers --propietaria de la filial de Consultoría-- 'transmitió a sus socios las participaciones de la División, siendo los propios socios de Pricewaterhouse Coopers y no la sociedad quienes formalmente vendieron la División a IBM'.

Posteriormente, los socios habrían declarado 'indebidamente' en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta 'al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos'. Como consecuencia de estas dos operaciones, se defraudaron presuntamente 12 millones de euros.

La auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC) ha negado 'rotundamente' la acusación de fraude fiscal realizada por la Fiscalía Anticorrupción contra 61 socios de la firma y ha defendido que la operación de venta a IBM de la división de Consultoría fue 'absolutamente correcta y ajustada a Derecho'. La firma ha anunciado este martes que se opondrá al escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Audiencia Nacional en el que solicita la apertura de juicio oral contra 61 socios para los que pide penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por defraudar presuntamente a Hacienda cuotas por valor de 40 de millones de euros. 'Seguiremos defendiendo (la operación) con rigor y contundencia, con el convencimiento de que finalmente se reconocerá la verdad y se desestimará la acusación del Ministerio Fiscal', señala PwC en un comunicado en el que recuerda que la Hacienda Foral de Vizcaya, que estaba personada en el proceso, ha renunciado a presentar acusación.

En contra del criterio del Ministerio Público, la compañía sostiene que no llevó a cabo 'ocultación ni defraudación alguna' y que 'todas las operaciones y cantidades han sido declaradas y formuladas con todos los requisitos legales'. A su juicio, la reestructuración societaria que llevó a cabo en 2002 antes de la venta de PwC Consulting 'no fue una operación ficticia', como sospecha el fiscal, sino que se trató de 'una operación real, transparente y con todos los requisitos legales' que se acogió a los 'beneficios fiscales correspondientes'. 'Esa estructura es la misma que está hoy vigente', señala la firma antes de precisar que la finalidad de la operación fue la de 'adecuar las estructuras societarias y accionariales de las distintas sociedades con motivo de la fusión de Pricewaterhouse y Coopers&Lybrand'. De igual modo, PwC destaca que la Administración tributaria no hizo ninguna observación ni solicitud de información o aclaración durante los cuatro años en los que prescribió el delito.

En relación con la tributación por el incremento patrimonial de la sociedad, la auditora destaca que la segregación de la división de Consultoría se anunció en enero de 2002 a través de una OPV aunque la operación se frustró y finalmente se materializó en octubre de ese año, con la venta a IBM por 3.500 millones de dólares. Ese mismo mes, los socios de PwC España recibieron de la firma internacional una compensación de 20,9 millones de euros por la pérdida de la división de Consultoría en España, ya que entonces este negocio en nuestro país era uno de los dos que más había crecido en el mundo. Según la compañía, los socios tributaron por dicha compensación como un incremento de patrimonio, puesto que no correspondía a servicios laborales prestados ni a beneficios de PwC España, y no por rendimientos del trabajo.