Agravio póstumo a la hija de un fusilado

Carmen Dorado falleció en 2010 a los 83 años sin lograr que se hiciera justicia a su padre, Luis Dorado, diputado socialista por Málaga asesinado por las fuerzas sublevadas en 1936 y cuyos restos aún siguen en una fosa común en un cementerio cordobés.

Y no es que Carmen no lo intentara. En 2009 se convirtió en la primera familiar de una víctima del bando nacional en demandar al Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, tras fracasar en su intento de que la Justicia española atendiese sus peticiones: exhumar el cuerpo, identificarlo, entregarlo a la familia e incluir su nombre en el Registro Civil.

Estrasburgo aún no ha decidido si admite la demanda. Mientras, Carmen ha perdido en España, póstumamente, otra batalla judicial, con una sentencia del Supremo que supone "un agravio y una burla", en palabras del abogado de la familia, Felipe Navarro. Los hechos se remontan a 1979, cuando Carmen descubre que no hay documentos que acrediten la muerte de su padre, inscrito en el registro como "varón desconocido" a pesar de que portaba su identificación cuando fue asesinado. Sólo tras una larga lucha consiguió que el Estado reconociese, en 1993 y sin efecto retroactivo, una pensión de viudedad para su madre, Josefa Ortiz, que murió dos años después, a los 97.

Carmen solicitó en 2007 al Ministerio de Justicia seis millones de euros por daño moral y patrimonial, cifra obtenida extrapolando las indemnizaciones a víctimas del nazismo. Desestimada la petición, la familia acudió en 2009 al Supremo, que ahora, en un fallo del 15 de marzo, ha negado a los Dorado derecho a la reparación, fundamentalmente por haber prescrito los hechos. La sentencia impone a la fallecida demandante 3.000 euros en costas.

El sindicato CGT denunció ayer que el Supremo "da por buena" la inscripción deliberadamente errónea que del fallecimiento de Luis Dorado hicieron sus asesinos.