Este artículo se publicó hace 12 años.
Afectados por los desahucios denuncian que habrá que competir "para ver quién está más enfermo"
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca cree que la nueva normativa no es más que la continuidad del código de buenas prácticas recomendado a las bancos
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha denunciado este viernes que el real decreto aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios de las personas más vulnerables pondrá "a la gente a competir para ver quién está más enfermo y quién es más desgraciado".
El real decreto del Ejecutivo central prevé crear un parque de viviendas sociales con un alquiler barato para personas desahuciadas y fija el umbral de renta para acogerse a estas medidas en 3 veces el IPREM, que sean familias numerosas, familias con menores de tres años, incapacitados o dependientes, deudores en paro y sin prestación por desempleo o en supuestos de violencia de género.
Ante esta situación, Colau ha recordado que "todas las voces que se han escuchado desde el mundo judicial también lo han dicho así" y ha concretado que en ese ámbito se ha advertido de que "esto no va a cambiar la realidad de los juzgados la semana que viene ni las deudas de los afectados". En este sentido, para la PAH "toda la gente afectada es vulnerable, en la medida en que nadie deja de pagar su vivienda por voluntad propia sino que, en prácticamente todos los casos, estamos hablando de una situación de necesidad provocada por una crisis y por un 26% de paro", ha argumentado.
"Esto no va a cambiar la realidad de los juzgados la semana que viene" En su opinión, "todas las personas que, en el caso de vivienda habitual, dejan de pagar por causas ajenas a su voluntad deberían poderse acoger a una moratoria de estos desahucios". Así, ha criticado que "ahora mismo lo que se ha hecho es insistir en la misma línea del código de buenas prácticas, que ya se ha reconocido que ha sido un fracaso absoluto". "Prácticamente viene a ser la continuidad de ese código", ha insistido.
"El código de buenas practicas era un código al que sólo se podía acoger la gente en riesgo de exclusión social y, al final, han sido pocas decenas o pocos centenares de personas los que lo han podido utilizar. Insistir en esa formula yo creo que es una falta de respeto a la ciudadanía y, en particular, a la gente afectada", ha concluido.
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