Una de los tres activistas españoles en El Aaiún a quienes Marruecos convocó hoy para "ayudarles a abandonar el territorio nacional" aseguró hoy que "nadie del Gobierno español se ha puesto en contacto" con ellos y pidió al Ejecutivo que "garantice su seguridad" para poder salir de la ciudad.

Isabel Terraza, que permanece escondida en un lugar indeterminado de El Aaiún, dijo a EFE que "la única que se ha puesto en contacto con nosotros es la Generalitat de Cataluña", y agregó que ella, junto a los otros activistas, están "examinando qué soporte diplomático nos puede garantizar la salida".

Pese a que la Embajada española en Rabat informó el viernes de que el cónsul en la capital marroquí, Rafael Jover, iba a viajar ayer por la tarde a El Aaiún para "prestar atención consular", finalmente ese viaje no se produjo porque "no se consideró necesario", informaron hoy a EFE fuentes diplomáticas.

"Negamos que la Embajada se haya puesto en contacto con nosotros. ¿Cómo puede decir (el Ejecutivo español) que los españoles están bien, si saben que nuestra seguridad corre peligro?", se preguntó Terraza.

Asimismo, criticó que "el Gobierno español todavía no haya condenado los hechos. Estamos alarmados, porque no nos esperábamos tanta indiferencia por parte de nuestro Gobierno".

La activista española permanece escondida junto al mexicano Antonio Velázquez -a quien Marruecos también ha convocado para que abandone El Aaiún-, mientras que los otros dos españoles, Silvia García y Javier Sopeña, están ocultos igualmente en otro lugar indeterminado de la ciudad.

Terraza aseguró que todos se encuentran "bien físicamente, aunque hemos pasado momentos de angustia", y reiteró que no piensan salir "hasta que tengamos la certeza de que no nos van a tocar un pelo".

"Nuestro trabajo es dar voz a lo que está pasando, a las atrocidades que Marruecos está cometiendo aquí con detenciones, torturas...", dijo.

El Aaiún ha sido escenario esta semana de los más violentos enfrentamientos callejeros en el Sahara Occidental en casi dos décadas, desencadenados por el desmantelamiento el lunes del campamento de protesta de Gdaim Izik, a 18 kilómetros de la ciudad, donde también residieron unas semanas los activistas españoles.

En un comunicado difundido hoy, el Ministerio marroquí del Interior resalta que "no existe orden de busca y captura ni diligencias judiciales" contra los tres españoles y el mexicano, y especifica que éstos "no han cometido infracción alguna de la ley".