Abogan por un tratamiento asistencial y más recursos para la ley integral

Especialistas en violencia machista han coincidido hoy en que las "múltiples causas" que originan este problema requieren de un tratamiento global asistencial y no sólo jurídico, para lo que consideran necesario que la ley integral, que cumple cuatro años, se acompañe de un "soporte económico adecuado".

Así lo han puesto de manifiesto durante la celebración, en Granada, de las II Jornadas sobre Violencia de Género centradas en la aplicación de la ley integral en la atención a las víctimas, a cuya inauguración estaba prevista la asistencia del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que finalmente no ha podido acudir por problemas de agenda.

Francisca Expósito, profesora de Psicología de la Universidad de Granada y coordinadora de las jornadas, ha incidido en que la violencia machista obedece a múltiples causas relacionadas con los procesos de socialización, la educación y el aprendizaje.

De ahí que considere que el asunto debe ser abordado desde un punto de vista "más amplio", fundamentalmente atendiendo a la vertiente asistencial y no sólo jurídica, entre otras cosas porque "por sí misma" la Ley Integral de Violencia de Género "no ha conseguido minimizar el número de muertes".

La psicología y los campos asistenciales "tienen mucho que decir en este sentido", según Expósito, para quien la erradicación de la violencia machista requiere abordar el problema desde múltiples perspectivas.

Para María José Jiménez, profesora de Derecho Penal e investigadora principal del proyecto en el que se enmarcan estas jornadas, el principal aspecto a mejorar de la ley transcurridos casi cuatro años de su implantación son los recursos económicos.

En su opinión, para llevar a la práctica los objetivos y medidas incluidos en ella se necesita "una base económica fuerte".

"Cuando no hay un soporte económico adecuado, por muy buenas ideas que se hayan plasmado en la ley, al final no se puede desarrollar como es debido", según Jiménez, quien ha considerado no obstante que todo instrumento legislativo necesita de un "periodo de adaptación y rodaje" y que no hay que ser excesivamente críticos "con una ley que lo único que pretende es solucionar un problema".

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género Convive de Granada, Amparo de Píñar, las ayudas sociales que recoge la ley son "meros parches que no contribuyen a la independencia y autonomía real de las mujeres".

En su opinión, la inserción laboral de las víctimas de la violencia machista (veinte al año) es "anecdótica", como también es "irreal" el acceso a la vivienda de estas mujeres.

"Sería una imprudencia decirle a las víctimas que no denuncien, pero también lo es instarles a que denuncien y ya veremos cómo sale", ha dicho Píñar, para quien es necesario "preparar la salida" de estas mujeres del "infierno" en el que viven.

Píñar ha advertido de que aunque esa salida les permitirá retomar su vida y recuperar la tranquilidad, el proceso es "complejo" y no precisamente "un camino de rosas", de ahí que haya rechazado la creencia de que hay mujeres que interponen denuncias falsas para "obtener beneficios".

Las jornadas, que concluirán mañana, son la continuidad de unas celebradas el año pasado que se centraron en la aplicación de la ley en sus aspectos jurídicos, y se enmarcan en un proyecto de investigación multidisciplinar de tres años de duración en el que participan 27 investigadores, entre ellos Miguel Lorente.