Alrededor de 800 familias españolas contratan vientres de alquiler en países extranjeros cada año, ahora la mayoría de ellas en Ucrania, ya que la denominada maternidad subrogada está prohibida por la legislación española.

Este proceso, que cuesta de 50.000 a 200.000 euros, sólo cuenta con cobertura jurídica específica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México, Georgia y Kazajistán, han explicado expertos de Subrogalia, la compañía de un bufete de abogados barcelonés que celebra hoy la primera conferencia sobre vientres de alquiler en la capital catalana.

Sólo cuenta con cobertura jurídica específica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México, Georgia y Kazajistán En España, como en la mayoría de países del mundo, la maternidad subrogada no está permitida, pero hasta el pasado febrero -gracias a una circular aprobada en 2010- se admitían las sentencias judiciales de países donde estaba permitido -como Estados Unidos- y donde se reconocía la paternidad de los que pagaban el vientre.

Ahora, ha descrito Diego Sánchez, el presidente de Subrogalia, sólo puede inscribirse al bebé como hijo del padre varón, que suele ser también el biológico, y la madre debe tramitar la adopción en España después de que la madre de alquiler haya renunciado al bebé.

Para contratar un vientre de alquiler, la pareja interesada se desplaza hasta el país que hayan seleccionado para que el hombre done su esperma y se realice una fecundación in vitro, ya sea con los óvulos de la madre contratante o con los de una donante, y luego regresan a España.

Sánchez ha recalcado que una madre de alquiler no es nunca donante de óvulos, es decir, no aporta su material genético al bebé, un factor que permite después 'la desvinculación legal'.

Durante todo el embarazo, la madre de alquiler vive en apartamentos que ofrece la misma clínica médica en la que se realiza la fecundación y, cuando nace el bebé, acude al consulado español para hacer la inscripción en el registro.

Los padres viajan hasta el país seleccionado para que se realice la fecundación in vitro

'Hace cuatro años, Estados Unidos era el primer destino y representaba un 80 % de todas las parejas españolas', ha informado Sánchez, quien ha agregado que actualmente sólo supone un 15 %.

Aunque el destino más frecuentado actualmente es Ucrania, donde hay clínicas que ofrecen un número ilimitado de implantaciones a precios cerrados, México está ganando protagonismo porque, a diferencia de Ucrania, esta práctica está permitida a homosexuales y solteros.

Según los expertos que participan en el encuentro, la contratación de madres de alquiler, en auge, debe parte de su éxito a las trabas burocráticas de la adopción, sobre todo internacional, que suele ser el último recurso después de haber intentado la fecundación in vitro y la adopción, aunque también cuenta el deseo de tener un hijo biológico.

La adopción, sobre todo internacional, suele ser el último recurso después de haber intentado la fecundación in vitro y la adopción 'Si pudiéramos acudir a contratar vientres de alquiler en un país más cercano, pues iríamos', ha explicado el director de Subrogalia Diego Sánchez, quien ha recordado que en el Reino Unido, Grecia y Chipre está permitido, pero sólo para residentes y sin retribución a la madre de alquiler.

'En España tenemos un sistema de adopción muy garantista' con 'más de 15.000 parejas en espera oficialmente inscritas en el registro para adoptar de 80 a 100 hijos al año', ha especificado Sánchez, que también ha puesto de relieve que la maternidad subrogada garantiza tener un bebé recién nacido.

Una de las principales dificultades a la hora seleccionar el país donde se quiere contratar el vientre es la restricción a personas homosexuales o solteros que, según afirma Sánchez, ha ido en aumento cada vez en más países, a pesar de que la mayoría de parejas que buscan estos servicios son matrimonios heterosexuales.

'En 2012 nacieron más de 500 bebés de familias españolas en la India', ha revelado Sánchez, pero en diciembre nuevas normativas limitaron el acceso a la maternidad subrogada en este país a parejas que no llevaran casadas más de dos años, que ahora deben presentar un certificado del Gobierno español en el que figure que en España se permite esta práctica.