El 63% de los jueces secundan la huelga, según los convocantes

El 63 por ciento de los jueces convocados a una huelga sin precedentes en España en demanda de mejoras en la administración de justicia secundaron el miércoles los paros, según una de las asociaciones que llamó a las movilizaciones.

La huelga nacional, la primera de los magistrados en la historia española, no cuenta con el respaldo del órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ni con el de otras organizaciones de magistrados.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, convocante junto con el Foro Judicial Independiente y una treintena de juntas judiciales, dijo que había contabilizado que por la mañana 2.192 magistrados habían ido a la huelga, un 63 por ciento de la cifra total de 4.400 profesionales, pero añadió que los porcentajes variaban según las jurisdicciones.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.

Las asociaciones judiciales reclaman también que se instaure un sistema eficaz de sustituciones, medidas de conciliación con la vida familiar y que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en cuanto al pago de las guardias.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se había mostrado convencido de que los paros serían minoritarios, dijo que esperará los datos oficiales del CGPJ para hacer una valoración y que habría que estudiar reformas para regular las reivindicaciones de los jueces.

"La lógica indica que deberemos afrontar una regulación del modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos, desde la evidencia de que un poder del estado no debe hacer huelga", dijo en una rueda de prensa en Madrid.

El CGPJ decretó a principios de mes que no había lugar a la huelga y que ésta "carecía de soporte normativo", y por tanto no estableció unos servicios mínimos.

Los paros, que coinciden en Madrid con una huelga salarial de funcionarios de justicia, han sido secundados mayoritariamente en Madrid y Valencia, según los convocantes, que habían establecido unos servicios mínimos para asuntos urgentes e inaplazables; levantamientos de cadáveres y otras medidas cautelares urgentes y expedir licencias de enterramientos y matrimonios, entre otros.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mari Luz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Varios miembros del Gobierno han dudado de la legalidad de una huelga por parte del poder judicial según la Constitución. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que huelga no es "razonable" y aseguró que el Ejecutivo está haciendo "el mayor esfuerzo" de la democracia para modernizar la Justicia.