La Policía ha detenido a un total de once personas en una operación contra los participantes en los enfrentamientos con los antidisturbios que tuvieron lugar tras la manifestación de las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo, según han confirmado a Público fuentes policiales. Además, otras nueve personas han sido acusadas de haber participado en estos hechos. Ese día hubo 21 detenidos, uno de los cuales sigue en prisión preventiva y que hoy ha sido imputado nuevamente.

Todos los arrestos se han llevado a cabo en Madrid y se trata en todos los casos de varones mayores de edad. Según el entorno cercano de varios detenidos, y como corrobora un vídeo enviado por la Policía Nacional, varios de los detenidos, si no todos, se encontraban en ese momento en su casa o en su puesto de trabajo. Se les acusa de delitos de desordenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones.

Además, varios de los arrestados ya habían sido llamados a declarar ante el juez el próximo 10 de abril, por lo que sus abogados no entienden el porqué de las detenciones que se han practicado en esta operación, que ha recibido el nombre de Puma 70, en alusión al grupo de antidisturbios que quedó rodeado en el Paseo de Recoletos y que sufrió los mayores ataques por parte de los manifestantes.

La Policía informa de que entre los detenidos en esta operación, llevada a cabo por la Brigada de Información, hay 'anarquistas, antifascistas y bukaneros'. Además, para la identificación de los detenidos e imputados ha sido determinante la colaboración ciudadana, aseguran fuentes policiales. Entre los arrestados se encuentra uno que agredió a los agentes con una señal de tráfico, así como el que atacó con piedras a un agente al que previamente le habían quitado el casco.

La Policía cuenta entre los detenidos en esta operación a Miguel M., que ya se encontraba la prisión de Soto del Real desde el pasado 24 de marzo. Se trata del joven al que el juez decretó prisión provisional al imputarle por un delito de lesiones contra un agente, atentado contra la autoridad y desórdenes. Su abogado interpuso el viernes pasado un recurso para impugnar la orden de ingreso en prisión, argumentando que 'no se ha acreditado y no hay pruebas' que vinculasen a su defendido con los hechos que se le imputan y que las valoraciones contempladas en el auto son provisionales y 'precipitadas', basadas únicamente en declaraciones de un policía de paisano que presuntamente siguió durante casi dos horas al joven en la manifestación y que luego le detuvo.