El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido hoy, por mayoría de 30 magistrados a 14, devolver el caso de la privatización de seis hospitales de la comunidad a su punto de partida, según fuentes judiciales. Con ello, se mantiene la paralización del proceso de 'externalización', ya que no serán 50 magistrados los que decidan sobre los recursos interpuestos tanto por el Gobierno regional como por sindicatos y asociaciones de médicos, sino que éstos vuelven a los juzgados de origen.

De los siete recursos presentados, seis se resolverán por la Sección Tercera del TSJM, que fue la que dictó la suspensión cautelar del proceso antes de que el juez Martínez Tristán, casado con una consejera del PP en Castilla-La Mancha y que presidía la Sala de lo Contencioso del TSJM, acordara que fuesen los 50 magistrados del Pleno los que decidiesen sobre esta materia. De ahí que, de forma indirecta, el Pleno mantenga paralizado el proceso privatizador iniciado por el Ejecutivo de Ignacio González.

Francisco Gerardo Martínez Tristán, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), decidió —el pasado mes de octubre— que los recursos interpuestos por el Partido Socialista de Madrid (PSM), los sindicatos CCOO y Amyts, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y por la propia Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty se resolvieran en una misma sala para evitar 'contradicciones' y 'unificar criterios'. Ahora el Pleno, presidido por el juez Miguel Ángel Vegas Valiente, ha desechado la decisión de Martínez Tristán, al considerar que no puede existir contradicción entre resoluciones ya que en cada caso se juzgan cuestiones distintas.

Con ello, ya no serán 50 magistrados quienes decidan sobre la licitación del contrato de servicios de la atención especializada de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo a las  empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo, sino cinco jueces que, además, aprobaron por unanimidad la paralización del proceso el pasado mes de julio [ver el pdf del auto, aquí].

En dicha fecha, la Sección Tercera del TSJM estimó el recurso interpuesto por el PSM y dictaminó que existían 'circunstancias de especial urgencia' para paralizar el proceso sin ni siquiera escuchar antes los argumentos de la Comunidad de Madrid, dado que la adjudicación de los contratos ya había sido anunciada públicamente por Lasquetty. Semanas después, el tribunal levantó la suspensión cautelar, hecho que fue recurrido nuevamente por la formación que lidera Tomás Gómez. 

Ahora será esa misma sección la que decida de nuevo sobre la legalidad del proceso por el que la Comunidad de Madrid ha adjudicado la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina y el del Tajo al grupo Hima San Pablo; el Infanta Leonor y el del Sureste, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por Ribera Salud; y el del Henares a Sanitas. Afem, por su parte, ya ha anunciado que presentará nuevas pruebas de 'irregularidades' en los pliegos del contrato.

La decisión de no estudiar el asunto en Pleno sino reenviar los recursos a las secciones originarias se adoptó por 30 votos a favor y 14 en contra. De estos últimos, varios plasmarán su discrepancia en votos particulares, según fuentes del TSJ de Madrid. De los 50 miembros del Pleno, acudieron a la reunión 44.

Según la agencia Efe, la reunión se ha celebrado en un clima de tensión y enfrentamiento entre varios sectores del Pleno. Los jueces no llegaron a deliberar sobre los siete recursos acerca de la privatización de la gestión hospitalaria de seis centros presentados por PSM, AFEM, CCOO, Amyts y la Comunidad de Madrid, ya que decidieron devolver los mismos durante la resolución de las cuestiones previas.