16 semanas para ellas; 15 días para ellos. Ese es el tiempo del que disponen las madres y los padres (trabajadores) españoles, respectivamente, para disfrutar y cuidar de sus hijos recién nacidos o recién adoptados. Así lo estableció la Ley de Igualdad aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que también instaba a mejorar la prestación masculina en los siete años siguientes, al menos, hasta alcanzar los 30 días. La Ley 9/2009 de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida iba a entrar en vigor a principios de 2011, pero, en plena crisis, tanto el Ejecutivo socialista como el actual de Mariano Rajoy dejaron esta reforma fuera de los Presupuestos Generales del Estado. Ahora está prevista -que no asegurada- para el 1 de enero de 2014.

No obstante, la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha ido más allá y, además de denunciar el retraso continuo en la aplicación de esta medida, ha presentado en el Congreso una proposición de ley con una reforma progresiva que pretende alcanzar permisos que fomenten de manera real y efectiva la corresponsabilidad en el cuidado de los niños. El texto se encuentra paralizado, 'a la espera de que algún partido político proponga discutirla en el Pleno', explica la economista y coportavoz de la plataforma María Pazos.

La ley actual establece, como se expone con anterioridad, 16 semanas para la madre financiadas por la Seguridad Social, más un permiso de lactancia que sufraga la empresa para la que trabaja. De esas 16 semanas, seis son obligatorias. Las otras 10 son optativas y transferibles, es decir, que la madre puede ceder al padre parte o todos esos 70 días. Sin embargo, la realidad demuestra que, en la gran mayoría de los casos, la parte transferible del permiso acaba siendo de maternidad. Y eso ocurre incluso en los países europeos más avanzados en esta materia, como Suecia, donde el permiso es de 15 meses en total para los dos progenitores, aunque sólo dos de ellos son transferibles [ver gráfico al final de la noticia]. 'Al final, los padres cogen esos dos meses y los otros 13 son para las madres', constata Pazos, coautora de un informe que analiza la situación en 21 países europeos [ver pdf, aquí].

Sin embargo, el 80% de los hombres se acogen a los 15 días optativos -pero intransferibles- que les permite la norma [ver gráfico superior]. Y, aunque tanto los permisos de maternidad como los de paternidad descendieron en 2012 un 7,82 y un 8,84% -respectivamente- con respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Trabajo, se puede deducir que la sociedad está preparada para la corresponsabilidad, aunque el Gobierno continúe sin fomentarla al 100%. 'Nosotros nos sentimos, en cierto modo, estafados o robados, porque nuestra parte de pago a la Seguridad Social, si seguimos así, no vamos a poder disfrutarla nunca en forma de permiso de paternidad', sentencia Javier Covarrubias, miembro de la Coordinadora Estatal de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige).

Ahige: 'Los hombres queremos ser coprotagonistas del cuidado de nuestros hijos'

'Los hombres queremos ser coprotagonistas, junto con las madres, del cuidado de nuestros hijos', reclama. 'Cuando lo conseguimos, se nos dispara una faceta que no sabemos gestionar hasta que no nos implicamos en esa tarea y que es beneficiosa para nosotros, para las mujeres, para el bebé, para la familia en general y, con todo ello, también para la sociedad al completo', alega Covarrubias, en cuya organización fomentan la corresponsabilidad con iniciativas como la guía titulada Mi papá me cuida [ver pdf, aquí].

Pero para conseguir la igualdad real y efectiva es imprescindible que ambos miembros de la pareja tengan la misma cantidad de tiempo de prestación obligatoria y que los permisos no sean transferibles entre progenitores. Así lo señalan ambos expertos en la materia: 'Es la única manera de asegurar que ni las empresas ni las normas sociales hasta ahora establecidas les escatimen sus derechos', manifiesta Pazos. 'Si se consiguiera esta meta se acabaría con esta marginación laboral porque las empresas no se cuestionarían si contratar a un hombre o a una mujer', coincide Covarrubias. 'La pena es -continúa el miembro de Ahige- que los temas sociales siempre queden relegados a un último plano en la agenda política'.

Aunque la propuesta de la PPiiNA -que consiste en un calendario de reforma progresiva de los permisos hasta alcanzar los objetivos ya expuestos- continúa guardada en un cajón del Congreso, el colectivo sí ha alcanzado un logro diferente: que la Comisión de Igualdad haya aprobado, a instancias de CiU y con el apoyo de PP y PSOE, otra proposición no de ley para instar al Gobierno a avanzar en esta materia 'eliminando las disfunciones existentes en la legislación actual'. Eso sí, 'cuando la coyuntura económica lo permita'. Una 'excusa' -califica la PPiiNA- 'que no se sostiene: esta reforma no sólo es viable, sino que es más urgente, precisamente, debido a la crisis'.

PPiiNA: 'Aprovechar el capital humano de los hombres como cuidadores ahorraría recursos públicos' 'Implantar nuestra propuesta tendría efectos en todo: mejoraría el nivel de capital humano, el funcionamiento del mercado de trabajo e iniciaría al hombre en el cuidado, eliminando desigualdades', enumera Pazos. Todo ello, asegura, con gran repercusión también para la economía del país. 'No se desperdiciaría la formación de la mujer y se acabaría con la segregación del capital humano en el mercado laboral; aprovechar el capital humano de los hombres como cuidadores ahorraría recursos públicos y supliría las deficiencias que ahora mismo hay, por ejemplo, con las escuelas de Educación Infantil; y, además, está demostrado que la atención infantil adecuada es importantísima para desarrollar después el capital humano', desglosa la coportavoz de la PPiiNA. 

En cuanto a los costes de implantación, 'serían mínimos', asegura Pazos. Tal y como se ofrecen ahora, los permisos de maternidad y paternidad costaron al Gobierno, en 2012, 1.741.730.622,84  y 208.725.482,15 euros respectivamente. En total, casi 1.950 millones de euros. Casi lo mismo que supondría implantar de forma progresiva, en ocho años, los permisos 'iguales e intransferibles' que propone la PPiiNA. Según el informe Las cuentas claras, de la también economista y miembro de la plataforma Carmen Castro [ver pdf, aquí], el coste total de la equiparación de permisos sería de unos 2.000 millones de euros, repartidos entre una primera fase de casi  900.000 millones -en tres años- y otra segunda etapa de cinco años en la que habría que invertir 1.107.940.107,35 euros. ¿Conclusión? La expone la propia Castro en el citado documento: 'Lo que se necesita para la equiparación de los permisos por nacimiento y adopción es el compromiso político firme con la corresponsabilidad y la igualdad de género'.  

Teniendo en cuenta las variables de obligatoriedad, transferibilidad y porcentaje de remuneración de la prestación, el país europeo que mejor ha legislado con respecto a permisos de paternidad y maternidad igualitarios ha sido, según los expertos, Islandia. 

Allí, hasta hace sólo unos meses, regía la 'norma 3-3-3'. Es decir, tres meses para la madre, tres para el padre y otros tres transferibles. Desde diciembre de 2012, la proporción es 5-5-2 y con un 80% del salario de cada trabajador. Aunque, según Pazos, habría sido mejor imponer seis meses para cada uno 'porque al final, en la práctica, serán siete para la madre y cinco para el padre', Islandia continúa a la cabeza de Europa en corresponsabilidad. 

Según la experta, el ranking continuaría descendiendo por los países nórdicos como Noruega, Finlandia o Suecia y, a media tabla, aproximadamente, se encontraría España, junto a Bélgica y Francia, 'porque son países que presentan buenas esperanzas porque tienen más facilidad para equiparar los permisos y hacer reformas por la igualdad'. 'Si quieren', concluye.