Los 27 acuerdan mejorar la eficiencia del gasto para mantener un modelo social europeo

Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) estuvieron hoy de acuerdo en que es necesario mejorar la eficiencia del gasto para garantizar la viabilidad futura del modelo social europeo, a la vista, especialmente, de la presión creciente que generará a las arcas públicas el envejecimiento de la población.

Los representantes de los Veintisiete dedicaron la segunda jornada del encuentro informal organizado cerca de Ljubljana por la presidencia eslovena de la UE a discutir las reformas que hay que aplicar en el gasto público para no poner en riesgo el Estado de Bienestar.

En rueda de prensa al término del encuentro, el ministro esloveno, Andrej Bajuk, precisó que no se trata de definir un enfoque único para todos los Estados miembros, pues las diferencias en la estructura del gasto público son muy diferentes, pero sí consideró útil establecer unos criterios de reforma "a las que todos podemos prestar atención".

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, explicó que el objetivo es que "el dinero de los contribuyentes se utilice lo mejor posible" y evitar "gastar más de lo necesario".

En opinión de Almunia, el modelo social europeo puede mantenerse, pero para ello "debemos mejorar la gestión del gasto".

Bruselas propone, como principios generales, dar prioridad al impulso del empleo y la formación del capital humano, diseñar una administración pública más eficiente y evitar que los sistemas de protección social desincentiven la búsqueda de trabajo.

La información facilitada por la Comisión Europea muestra claramente las divergencias a las que aludió Bajuk entre los Veintisiete, ya que el peso del gasto social en el PIB oscila desde el 13% en Letonia al 33% de Suecia.

Según estos datos, correspondientes a 2005, el gasto social equivale al 20,8% del PIB, por debajo de la media comunitaria del 27,2%.

También hay grandes diferencias en la eficiencia de ese gasto, en capítulos tan relevantes como las pensiones, la atención sanitaria, la prestación por desempleo y las ayudas a la familia, pero Bajuk insistió en que, aunque siempre hay margen para la mejora, no existe una única receta aplicable a todos los Estados miembros.

Los ministros se mostraron, por eso, favorables a impulsar el intercambio de buenas prácticas y, sobre todo, a evaluar la calidad de los servicios y prestaciones obtenidos por los ciudadanos.

En ese punto, puede resultar útil, señalaron, recurrir a organismos externos de evaluación para mejorar la efectividad del gasto y también su sostenibilidad futura.

Por parte española, el vicepresidente segundo en funciones, Pedro Solbes, transmitió a sus colegas que, aunque el gasto social sigue siendo en España relativamente bajo respecto a la media europea, ha aumentado en los últimos años.

Precisó, además, que estas comparaciones no tienen en cuenta las ayudas fiscales vigentes en España a la familia, un elemento clave de la política social.

En declaraciones a los periodistas al término del encuentro, el titular de Economía se refirió, asimismo, al esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno en cuestión de pensiones, manteniendo un límite máximo y elevando progresivamente las prestaciones más bajas.

Aludió a los nuevos incentivos para alargar la vida laboral y al Fondo de Reserva de las pensiones, con el que se persigue mejorar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.