Este artículo se publicó hace 14 años.
17 meses de espera para la dependencia
Canarias, el País Valencià y Madrid, las que peor aplican la ley, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
Si una persona dependiente pide una ayuda hoy, no la recibirá hasta el mes de diciembre del año que viene. El tiempo medio que pasa desde que una persona pide una ayuda a la dependencia hasta que la recibe es de 17 meses, tres más que en junio pasado.
Lo concluye un estudio presentado este mediodía por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este fin de semana celebra su XVI congreso en Ciudad Real.
Esta situación se explica en gran medida por el número de personas que aún teniendo reconocido el derecho a una prestación, no la reciben. Un total de 237.770 dependientes están en esta situación. Representan a un 27,5% de quienes tienen derecho a beneficiarse de la ley.
Madrid, el País Valencià y Canarias son las autonomías que peor aplican la ley y aglutinan a la mayor parte de estos casos. Así, el 60,6% de los dependientes canarios con derecho a una ayuda no la reciben . En el País Valencià, este porcentaje es del 43%, y en Madrid del 37,1%.
Una residencia cuesta casi cuatro veces más que la ayuda económicaLa realidad choca con la promesa de las autonomías de no superar los seis meses de espera. También contradice la idea del Gobierno que cuando eliminó la retroactividad de los pagos en los primeros seis meses de espera para recortar el gasto, confió en que la medida, de rebote, llevaría a las autonomías a agilizar los trámites, ya que a partir de ahí el gasto corre a su cuenta.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha advertido que, el próximo enero, cuando la ley también acoja a los dependientes moderados (unas 125.000 personas más), la espera “podrá llegar hasta los dos años”. La asociación también alertó de que las autonomías asumen más gasto que el Estado, en parte porque este les paga según el tipo de dependientes que atienden y no por el tipo de ayuda que prestan.
Una residencia cuesta casi cuatro veces más que la ayuda económica.
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