La trama corrupta. de la que presuntamente formaba parte el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, giraba a través de dos 'conseguidores', los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca. Las pesquisas contra la red, según fuentes jurídicas, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

De acuerdo a estas fuentes, un agente de la Guardia Civil avisó a Granados, imputado este lunes en la llamada operación Púnica, de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza. Durante la investigación a la trama se procedió a intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados y los agentes descubrieron la alerta que un compañero hizo al exconsejero madrileño de las pesquisas que se estaban realizando. El agente ha sido imputado por un delito de revelación de secretos, aunque, según han informado fuentes de la investigación, no se encuentra entre los detenidos en esta operación.

Además de Granados han sido imputadas un total de 51 personas. Entre los de momento 37 detenidos, según fuentes jurídicas, se encuentran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros Marcos Martínez; y los alcaldes de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP) y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).

Entre los detenidos está el presidente de la Diputación de León y los alcaldes de seis municipios madrileños

A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.

Entre los arrestados se encuentran los dos 'conseguidores', David Marjaliza, amigo de la infancia de Granados, y Alejandro de Pedro Llorca. Sobre este último, la Guardia Civil está registrando desde poco antes de las dos de la tarde la sede en Valencia de su empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO).

Según su blog personal, De Pedro es director general de la consultora EICO desde 2010 y 'profesor de la UM', sin más especificaciones. Ha desempeñado cargos de responsabilidad en Open Ideas, Grupo Demini, Libertas Consultores, Web to web, Tissat y Telecomunicaciones de Levante. Entre 1996 y 2004 impartió cursos en centros homologados por la entonces Conselleria de Trabajo sobre redes locales, introducción a la multimedia, y Office avanzado.

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados. Durante seis meses las pesquisas determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.

Mientras tanto, las autoridades suizas avisaron de que iba a tomar declaración a Granados y a Marjaliza, y en junio de 2014 Anticorrupción presentó una querella contra ambos que recayó en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que dirige la investigación. Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama 'Gürtel'.

La organización desmantelada se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para conseguir la adjudicación de contratos y servicios públicos. La investigación ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.

La trama, según han recalcado las citadas fuentes, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos ─PP, PSOE y los independientes de la UDMA─ y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La investigación apunta a que se trata de acciones individuales de los ediles que, ante la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2015, querían garantizarse unos ingresos por si resultaban perdedores y tenían que abandonar sus cargos.