El informe del Ministerio del Interior sobre el uso de las cuchillas instaladas en la alambrada en la frontera de Melilla para tratar de frenar la entrada de inmigrantes ya está sobre la mesa del presidente del Gobierno. Este documento fue encargado por Mariano Rajoy (según confirmó él mismo en una entrevista en Radio Nacional ayer jueves) ante el rechazo social que ha generado la utilización de un instrumento que provoca gravísimas lesiones a las personas que tratan de entrar en España saltando este obstáculo.

La vicepresidenta, sin embargo, no ha querido entrar en la polémica esta mañana y se ha limitado a confirmar que el informe está listo y que será 'analizado en todos sus extremos' por los 'servicios del presidente del Gobierno' antes de tomar una decisión sobre si se mantienen o se retiran las cuchillas. Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado los aspectos técnicos incluidos en el estudio de Interior y aunque no ha valorado el aspecto humanitario de esta cuestión, sí ha resaltado que estas hojas 'se instalaron en 2005' (ha obviado el dato de que se retiraron en 2007 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero confirmó la crueldad del método) y que son un 'elemento disuasorio' empleado en otros perímetros de seguridad, como prisiones o centrales nucleares.

El Ministerio del Interior, horas antes de la rueda de prensa de la vicepresidenta, sí ha confirmado la intención del Ejecutivo de mantener las cuchillas. Fuentes del departamento de Jorge Fernández Díaz lo han trasladado a Europa Press, ante la sorpresa y el malestar de La Moncloa, que ha elegido ir con mayor cautela en este asunto y buscar argumentos de peso que justifiquen el uso de unas herramientas tan lesivas.

Libertad vs. seguridad

Aparte del rechazo generalizado que ha provocado la decisión del Ejecutivo de recuperar la instalación de cuchillas en la valla de Melilla para frenar la inmigración ilegal, el Gobierno se haya inmerso en otro de similares características por dos leyes que están sobre su mesa: la reforma de una de 1992 (Seguridad Ciudadana) y otra de nueva creación (Servicios Mínimos).

Sobre esta última, la vicepresidenta no ha querido entrar en más detalles que los de confirmar que el Ministerio de Empleo está 'empezando a trabajar con los agentes sociales y empresariales' para dar forma a un texto, para el cual, el Gobierno tratará de buscar el máximo consenso. La reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, por su parte, tendría que haber salido hoy del Consejo de Ministros, pero Sáenz de Santamaría ha indicado que continúa en 'trámite de observación' en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, paso previo a la mesa del Gobierno de los viernes.

Para la número dos del Ejecutivo ésta es una reforma destinada a 'proteger la convivencia democrática, la cual exige que el Estado tenga sus mecanismos' para garantizarla. La vicepresidenta ha insistido en el argumento de que la nueva ley supone una mayor levedad de los delitos, por cuanto muchos de ellos recogidos en el Código Penal pasan ahora a ser 'faltas administrativas' conforme a la nueva ley de Seguridad Ciudadana. Eso sí, ha aclarado, las multas recogidas en esta norma son 'las mismas' que las de la ley socialista llamada 'ley Corcuera' y pueden llegar a 600.000 euros, los 100 millones de pesetas de la etapa del ministro del PSOE.