Francisco Camps ha seguido los pasos dados recientemente por Esperanza Aguirre y, como hizo ella en el caso Gürtel, él ha decidido acogerse a su privilegio a declarar por escrito en el 'caso Nóos', con lo que evitará someterse presencialmente a las preguntas del juez José Castro, de la Fiscalía, del sindicato Manos Limpias y de los abogados de las partes personadas.

Como expresidente de la Generalitat valenciana, Camps ha solicitado declarar por escrito al juez Castro, que en consecuencia ha suspendido su citación como testigo para este sábado en la ciudad de la justicia de Valencia, y ha solicitado a las partes que le remitan las preguntas escritas que consideren oportuno formular al testigo.

Camps se acoge de este modo al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -al que no podrá recurrir la alcaldesa valecniana, Rita Barberá, citada este sábado-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma 'estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo'.

Castro ha citado a Camps y Barberá para que aclaren su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los congresos Valencia Summit, por los que el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.

Manos Limpias pidió la declaración como testigos de Camps y Barberá después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro, que sí había detectado hasta cuatro posibles delitos en los dos responsables políticos.

Por otro lado, el juez Castro prosigue sus investigaciones sobre la infanta Cristina para determinar si la cita o no como imputada en delito fiscal o de blanqueo de capitales por el caso Nóos, tal como le ordenó hacer la Audiencia de Mallorca. Este miércoles ha acordado solicitar a Caixabank que le remita la información de los movimientos registrados en diciembre de 2006 y enero de 2007 en una cuenta de ahorro titularidad de Iñaki Urdangarin y en la que tenía firma autorizada la Infanta Cristina.

En su resolución, el juez reclama al banco además la información relativa al destino de las transferencias o de los cheques librados desde esa cuenta, y quién fue el ordenante de unas y otros.

Se trata de la cuenta a la que la mercantil Aizoon, propiedad de los duques de Palma al 50%, remitió 150.000 euros el 27 de diciembre de 2006. Aizoon, según los investigadores, fue usada por Urdangarin para posibles delitos fiscales y de blanqueo del dinero que obtuvo con los convenios firmados por Nóos con administraciones públicas. Ahora, el instructor indaga el papel jugado por la infanta en relación a dicha sociedad.