El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación de los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid,  Juan José Güemes y Manuel Lamela por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella interpuesta por Afem fue recurrida por Güemes, Asisa y Unilabs, pero el magistrado ha desestimado, en un auto fechado el pasado martes, dichos recursos, a los que también se habían unido la actual viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño Carbonell; la empresa Capio —ahora llamada IDC Salud—; e, incluso, la Fiscalía. 

Sin embargo, Sexmero considera que la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) está legitimada para actuar como acusación particular ya que 'al colectivo medico le asiste un interés legítimo en el proceso de la llamada “privatizacion o externalización” de los servicios médicos en cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan en la señalada querella'. 

Asimismo, el juez ratifica que los hechos que fundamentan la querella son constitutivos de delito; otro de los motivos para admitirla a trámite y desestimar los recursos contra la misma. 'No puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos', sentencia Sexmero en el auto publicado hoy [ver pdf]. 

Así, imputa a Capio, Ribera Salud y Asisa —empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales 'externalizados' antes citados— por un presunto delito de 'realización arbitraria del propio derecho y/o coacciones' por derivar pacientes de la pública a la privada a golpe de call center.

Por su parte, Flores, Burgueño y Juan Antonio Álvaro de la Parra —director regional de IDC Salud, gestora de la Fundación Jiménez Díaz—, así como la propia Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa están acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. ¿Los motivos? 'Ausencia de control del precio del concierto con la Fundación Jiménez Díaz sin que se haya fijado un canon; ausencia de control, también, en la facturación intercentros; y la concesión de una subvención encubierta por la amortización de obras', entre otras cuestiones citadas en el auto.

Por último, Güemes y Lamela están imputados por prevaricación y cohecho por haber utilizado la puerta giratoria. 'Se imputa el delito de prevaricación y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley [...] y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores Consejeros de Sanidad como el Sr. Güemes y el Sr. Lamela', especifica el juez. Sexmero considera a ambos exconsejeros —ratificando las acusaciones de Afem— como 'responsables políticos de la adjudicación, en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Sr. Burgüeño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alzira'.