'Para este Gobierno la salud es lo primero, pero también lo es la creación de empleo'. Así respondió hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la pregunta, formulada por el grupo parlamentario socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, sobre si el Ejecutivo de Mariano Rajoy iba a modificar la ley antitabaco para permitir fumar en Eurovegas.

Después del ultimátum del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que lleva semanas presionando a la Administración para que le ayude a convencer al magnate Sheldon Adelson de que construya su macrocasino en Alcorcón, Mato reaccionó asegurando estar abierta al 'diálogo'. Su objetivo, dijo, es 'buscar las fórmulas más adecuadas para hacer compatibles la protección de la salud con la creación de puestos de trabajo'. 

Aunque no lo expresó con claridad, la titular de Sanidad sí dejó, así, la puerta abierta a hacer concesiones al PP madrileño; actitud que fue duramente contestada por los grupos parlamentarios de la oposición.  Especialmente, después de conocer que fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que Mato participó de forma directa en las negociaciones con la compañía Las Vegas Sands.

'El Ministerio va a sustituir la salud por lavado de dinero negro', espetó el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares. El diputado argumentó que Eurovegas no crearía empleo porque el negocio del juego está a la baja, a excepción del juego online. El portavoz socialista, José Martínez Olmos, también entendió la respuesta de Mato como un sí a la modificación legislativa de la ley antitabaco y lamentó que 'haya empresarios con mucho poder económico que pueden hacer torcer la voluntad del Gobierno, cuando seguramente habrá otros muchos empresarios que quieran crear puestos de trabajo y no se les deja'.

Llamazares: 'El Ministerio va a sustituir la salud por lavado de dinero negro'

Asimismo, los grupos opositores denunciaron la incongruencia de cambiar una ley que ya ha dado sus primeros frutos, tal y como la propia ministra enumeró: 'disminución de la exposición al humo ambiental, disminución de la prevalencia de fumadores diarios, disminución de las ventas de cigarrillos y disminución de los infartos de miocardio y asma por causa del tabaquismo'. Ana Mato reconoció, citando un informe sobre el impacto de la Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo [ver pdf] en la salud pública, que 'el mayoritario cumplimiento de la ley' ha dado ya 'resultados positivos'. Aun así insistió en la necesidad de 'buscar fórmulas que hagan compatibles' salud y empleo.

Mato sobre Eurovegas: 'Estamos abiertos al diálogo'

Al margen del debate sobre la ley antitabaco, la ministra compareció en la Comisión de Sanidad para explicar los dos acuerdos a los que su departamento ha llegado recientemente con 'los representantes de 500.000 profesionales sanitarios' (médicos y enfermeros)  para 'garantizar la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud'. El objetivo de los mismos, dijo, es alcanzar un 'Pacto por la Sanidad' que la aparte 'del debate partidista', crear una nueva política de recursos humanos y avanzar en nuevas estrategias para la gestión clínica.

Mato tendió la mano a 'todos los grupos parlamentarios' para que se unan a ese 'pacto histórico' que homologará el sistema de desarrollo profesional y mejorará la organización del proceso asistencial. En este caso fue la oposición quien dejó la puerta abierta al diálogo, siempre que en dicho acuerdo se cuente también con sindicatos, pacientes y otros profesionales que no sean médicos y enfermeros. Asimismo, PSOE e Izquierda Plural pusieron una condición primordial: que la ministra derogue el Real Decreto Ley 16/2012 [ver pdf] por el que se retiró la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, entre otras medidas.

También el Grupo Mixto, en palabras de su portavoz, Joan Baldoví (Compromís), se unió a esta petición. Todos ellos denunciaron que, con dicha medida, el sistema sanitario público ha dejado de ser universal y que, por tanto, la ministra no puede pedirles que firmen un pacto que se supone que intenta garantizar 'una sanidad pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad y económicamente sostenible'.

Pese a todo, Mato insistió en que 'los inmigrantes siguen teniendo la asistencia sanitaria que necesitan' y defendió también el 'ahorro' conseguido con sus recortes. Según los datos esgrimidos hoy por la ministra, los copagos y la remodelación de la cartera común básica -aún en revisión- y el avance en la central de compras común o el fomento de medicamentos genéricos han conseguido 'reducir la deuda sanitaria en más de 10.000 millones de euros'. También presumió de que 'por primera vez, los parados de larga duración no tienen que pagar fármacos'; una medida de la que se han beneficiado, dijo, 979.348 personas. La oposición le reprochó, en cambio, que también era la primera vez que los pensionistas debían 'repagar' por su medicación y que las consecuencias de ello también se notan ya.

Por último, Mato anunció que el Gobierno está a punto de aprobar el Real Decreto que regulará la nueva Tarjeta Sanitaria Única Interoperable que será efectiva en todo el país, resida donde resida el titular de la misma. Fuentes de su Ministerio aseguraron que la titular de Sanidad llevará la medida al Consejo de Ministros este mismo viernes.