'Al final habrá que derogar la Ley de Amnistía'. Así se ha expresado públicamente Carlos Perales, coordinador de los grupos de memoria histórica del PSOE de Andalucía. Una afirmación inédita en un dirigente socialista que confirma que algo sustancial está cambiando en la política memorialista de este partido que, hasta la presente, no se había atrevido a cuestionar la ley de punto final española de 1977 que impide enjuiciar el genocidio franquista.

Distintas evidencias confluyen para abonar la idea de que el PSOE ha decidido pisar el acelerador de la memoria histórica tras haber constatado el fracaso de la Ley de Memoria Histórica impulsada por Zapatero y aprobada a finales de 2007, con la oposición de un PP que tras ganar las elecciones de 2011 la ha terminado de vaciar de contenido. El hecho más llamativo y novedoso a nivel institucional proviene del Parlamento vasco que, con una mayoría de votos nacionalista y socialista, acaba de aprobar esta semana una moción de adhesión a la querella argentina para investigar los crímenes del franquismo. El resto de los indicios del giro de la política memorialista del PSOE surge de Andalucía, la comunidad más poblada de España que con el Gobierno de coalición PSOE-IU ha visto acentuada su tradicional gestión política de izquierdas.

'Con el PSOE en el Gobierno se tomaban medidas memorialistas y el partido quedaba al margen de la política global de la memoria'

Con el debate parlamentario del proyecto de Ley de Memoria Democrática previsto tras el verano, los socialistas andaluces cambian el chip para replantearse sus objetivos y sus límites. Desde primero de año se han reactivado los grupos de memoria histórica creados hace 5 años y que permanecieron después aletargados sin reunirse. 'Con el PSOE gobernando en España y en Andalucía, se tomaban medidas memorialistas y el partido quedaba al margen de la política global de la memoria', confiesa Rafael López, médico, nieto de fusilado en Almonte y presidente desde hace 10 años de una importante asociación andaluza de memoria histórica, la AMHYJA. López, que también es coordinador provincial en Huelva del grupo memorialista, reconoce que ahora se celebran con frecuencia reuniones en las agrupaciones socialistas locales y provinciales que reflejan un creciente interés de la militancia por el tema. 'Incluso se han dado instrucciones para que los militantes memorialistas entren en las ejecutivas. Está claro que hay un cambio y que un partido donde hay corrientes internas recelosas que no quieren remover el pasado está dando por fin un paso adelante para recuperar el discurso de la memoria como discurso de izquierdas que es', asegura Rafael López.

Además de estos movimientos en la estructura orgánica de base, la dirección regional del PSOE-A también apuesta por el cambio. De hecho, a través de la Fundación Alfonso Perales se ha constituido en junio un grupo de expertos -fundamentalmente catedráticos de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas- que persigue la elaboración de un documento que sirva de base argumental para el posicionamiento oficial socialista en el próximo debate parlamentario sobre la nueva ley memorialista. Tanto la ex ministra Carmen Calvo como el vicesecretario general del PSOE andaluz Mario Jiménez animaron a los expertos en su primera reunión en Antequera a no poner límites a sus reflexiones. 'En el marco de este análisis no descartamos la necesidad de crear una Comisión de la Verdad sobre el genocidio franquista como las que se constituyeron en países latinoamericanos que sufrieron sangrientas dictaduras', precisa Fernando Martínez, catedrático y ex alcalde socialista de Almería que coordina este grupo de expertos y que, al igual que Carlos Perales, se muestra convencido de que 'antes o después la Ley de Amnistía caerá en España'.

Desde primero de año se han reactivado los grupos de memoria histórica creados hace 5 años y que permanecieron aletargados  Los socialistas son ahora más permeables a la creciente internacionalización de la cuestión, que surge como consecuencia al portazo dado por el Tribunal Supremo a la investigación judicial en España tras el fallido intento en 2008 del ya exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Desde el PSOE ahora se critica la pasividad en la última etapa de Zapatero en el desarrollo normativo de la Ley de la Memoria Histórica, la lentitud de Ramón Jáuregui con el informe de la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos y, por supuesto, los obstáculos puestos por la Fiscalía a la labor investigadora de la jueza argentina María Servini desde que asumió la causa en 2010 en aplicación del principio de justicia universal.

Ante el actual bloqueo gubernamental y judicial a la memoria histórica en España, los socialistas se van sumando a las iniciativas impulsadas por los movimientos sociales más activos. Destacados líderes como Soraya Rodríguez mostraron su solidaridad con Garzón en Madrid, activistas del ámbito memorialista como el onubense Rafael López se sumaron a finales de mayo en Madrid a la constitución de la Plataforma por la Comisión de la Verdad para poner fin a la impunidad del franquismo y, a buen seguro, que más dirigentes del PSOE-A darán su apoyo a la querella argentina que el próximo 13 de julio hará su presentación oficial en Sevilla. 'Es más, voy a pedir a la dirección regional de mi partido que el grupo parlamentario socialista promueva una moción en la Cámara andaluza de adhesión a la querella argentina, como han hecho los socialistas vascos', asegura Carlos Perales, consciente de que 'las futuras generaciones no merecen heredar esta discriminación entre las víctimas de Franco, que son de segunda categoría si las comparamos a las víctimas del terrorismo de ETA'.