La enseñanza no universitaria afronta la séptima reforma legislativa de la democracia con el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada hoy por el Consejo de Ministros. La primera ley de educación aprobada tras la firma de la Constitución de 1978 fue la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (Loece), que entró en vigor en 1980. Desde entonces se han sucedido la LODE, Logse, Lopeg, LOCE y LOE, esta última vigente desde 2006.

La futura ley, que mantiene posiciones en contra por parte de la Plataforma por la escuela pública y la mayoría de la comunidad educativa, pretende reducir el abandono educativo al 15% en 2020, para lo que implanta evaluaciones al final de etapa y dos trayectorias en cuarto de ESO, hacia bachillerato y FP. Las sucesivas reformas han motivado que algunas leyes hayan convivido parcialmente.

La actual LOE supuso la derogación de tres anteriores: LOCE, Logse y Lopeg, pero no de la LODE (Ley Orgánica del Derecho de la Educación, del año 1985), que todavía permanece en parte. Cuando entre en vigor la Lomce, tras la tramitación parlamentaria, será la séptima ley educativa de la democracia, pero la octava legislación de calado en cuatro décadas de reformas:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE). Entró en vigor en agosto de 1970, aun en el franquismo. Estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años e introdujo una nueva estructura de las enseñanzas: EGB (Enseñanza General Básica), BUP (Bachillerato Unificado Polivalente), COU (Curso de Orientación Universitaria) y FP (Formación Profesional).

LEY ORGÁNICA DEL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES (Loece), de junio de 1980 (Gobierno de UCD); fue una ley de transición y la primera en materia de educación tras la Constitución. Introdujo un modelo democrático en la organización de los centros docentes y reguló la creación de órganos colegiados de gobierno con representación de todos los sectores de la comunidad educativa, entre ellas las asociaciones de padres de alumnos.

LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE). Fue aprobada en 1985 (Gobierno del PSOE). La ley mantuvo la estructura de las enseñanzas tal y como estaban reguladas en la ley del 70, pero cambió el antiguo sistema de subvenciones a colegios privados por un nuevo sistema de conciertos, que obligaba a los centros a admitir preferentemente a los niños que residían más cerca, a los de menores recursos económicos o a los que ya tenían hermanos escolarizados en el mismo. Reconoció el derecho de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios a participar en la gestión y funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos a través de los consejos escolares.

LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (Logse). Comenzó a aplicarse en el año 1992 (Gobierno del PSOE). Las principales novedades fueron la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, el descenso de 40 a 25 alumnos por clase y la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados (idiomas, música o educación física). Dividió los ciclos académicos en Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (12 a 16 años) y Bachillerato, ciclo no obligatorio que iba desde los 16 a los 18 años, mismo periodo en el que se puede cursar la Formación Profesional de grado medio.

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (Lopeg). Aprobada en noviembre de 1995 (Gobierno del PSOE). Otorgaba a los centros una mayor autonomía y obligaba a los colegios concertados a admitir a alumnos pertenecientes a minorías sociales.

LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE). Aprobada en diciembre de 2002 (Gobierno del PP), aunque su aplicación fue interrumpida en 2004, tras el regreso del PSOE al poder. La ley establecía diferentes itinerarios en la ESO y el Bachillerato, cambios de contenidos en la educación infantil, una 'reválida' al final del bachillerato y la asignatura de religión evaluable y computable.

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN (LOE). En vigor desde mayo de 2006 (Gobierno del PSOE). El texto fue acompañado de una memoria económica de 7.033 millones de euros de gasto educativo adicional entre el Estado (60%) y las CCAA. Incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía y mantiene la de religión como oferta obligada por los centros, pero optativa para los alumnos. Permite pasar de curso al superar todas las materias o con dos suspensos, como máximo.