Mariano Rajoy seguramente se sintió un gran estratega la semana pasada cuando en una reunión con el Grupo Parlamentario Popular lanzó esta frase a los suyos: 'A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es una decisión'.  El presidente del Gobierno se refería a que el hecho de que no hubiera llegado a pedir el rescate soberano a Bruselas en verano no le había salido mal del todo.

También debió verse como un gran hombre de Estado cuando reconoció un día después ante el foro de The Economist que 'no he cumplido con mis promesas pero he cumplido con mi deber'. Ambas afirmaciones son definitorias no de sus aciertos, sino de sus acciones más devastadoras al frente del Ejecutivo que preside desde hace un año y tres meses.

En el primer caso, porque su defensa a ultranza de la reducción del déficit público como único camino para salir de la crisis, además de haberse revelado errónea a juzgar por los datos de todos los organismos nacionales e internacionales, no ha evitado que la economía española esté intervenida de facto por la troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional). Asimismo, porque esa misma indecisión la ha trasladado a muchos otros aspectos que castigan a la población: desahucios, recesión, desempleo, privatizaciones en la sanidad, el desmantelamiento de la educación pública...

En el segundo caso, porque incumplir sistemáticamente su programa electoral le quita toda legitimidad para gobernar, lo que además le impide cumplir con su verdadero deber, que es proteger a los ciudadanos.

Y con estas credenciales se presenta Rajoy a su primer debate sobre el estado de la Nación. Un examen ante el resto de formaciones políticas del Parlamento que tendrá la corrupción dentro del PP como invitada estrella. Las cuentas en Suiza del extesorero de los conservadores, Luis Bárcenas; el blanqueo de parte de ese dinero gracias a la amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el extraño procedimiento que se siguió desde la calle Génova para proceder a su finiquito; la supuesta contabilidad B con sobresueldos y financiación ilegal incluida; y la relación de la ministra de Sanidad, Ana Mato, con la trama Gürtel, son acusaciones demasiado graves como para que el presidente vuelva a pasar de puntillas sobre ellas.

El problema es que viendo la respuesta que ha dado hasta ahora el PP, esa parece que seguirá siendo la estrategia, por lo que la cita de hoy puede convertirse en el debate sobre el estado de la corrupción, como lo ha bautizado ya la oposición.

A cambio, desde el partido en el Gobierno se anuncian novedades milagrosas. 'Es evidente que el jefe del Ejecutivo traerá debajo del brazo alguna iniciativa económica con el fin de acelerar el futuro crecimiento económico de España', dijo ayer el portavoz de los conservadores en el Congreso, Alfonso Alonso.

Resulta complicado encontrar un plan para la recuperación económica que no pase por deshacer de agún modo el camino recorrido. Rajoy puede anunciar nuevas liberalizaciones, puede defender su plan de empleo juvenil de 100 puntos que la semana pasada ya fue rechazado por sindicatos y oposición, puede incluso relajar las exigencias fiscales a pequeños empresarios y autónomos o promocionar su reforma de las administraciones locales, que no hace sino estrangular la ya de por sí maltrecha economía de los ayuntamientos.

Rajoy no puede vender como creíble un pacto contra la corrupción cuando desde el PP niegan que haya corruptos Otra de las opciones es que presente una supuesta mejora sustancial del déficit público cuando existen pocas señales que indiquen que eso será así. De hecho, ayer el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, dijo que Bruselas está dispuesta a rebajar aún más el objetivo de déficit español a cambio de más recortes.

Es indudable que el presidente ha agotado todo su crédito como prestidigitador en un tiempo récord y su margen de maniobra es muy pequeño. Por ejemplo, no podrá vender como creíble su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios ya que sólo le ha dado el visto bueno acuciado por los suicidios y las encuestas.

Tampoco podrá ofrecer un pacto creíble contra la corrupción cuando su partido es el principal sospechoso y desde la cúpula se empeñan en negar que haya corruptos.

¿Qué le queda? Esperar a que la oposición haga suya también la máxima de no tomar decisiones. Sin embargo, después del letargo, el PSOE parace haber abandonado la posición de cautela que mostró cuando se destapara el caso de los sobres de Bárcenas. Desde hace semanas el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, viene pidiendo la dimisión de Rajoy. Hoy centrará su intervención en la corrupción y además tendrá que ofrecer algún tipo de alternativa.

Del éxito o fracaso del debate dependerá también las alternativas que presente la oposición Ese será también el camino elegido por la Izquierda Plural, que la semana pasada organizó una campaña para incluir las propuestas ciudadanas en la interpelación de Cayo Lara a Rajoy. De ellos depende también que el debate sobre el estado de la Nación se convierta en un verdadero ejercicio de fiscalización del Ejecutivo.

Si ambos optan por el ataque sin más y no por la argumentación y dejar en evidencia al Gobierno, entonces todos perderemos. Todos menos Rajoy, que saldrá reforzado, como él dice, por haber cumplido con su deber y no haber tomado decisiones.