La consejera de Educación de Catalunya, Irene Rigau, ha llegado hoy al Ministerio de Educación con una posición clara: votar en contra de la memoria económica de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). En opinión de la principal opositora a la reforma promovida por el ministro José Ignacio Wert, 'nunca una ley educativa ha atacado tanto al catalán' y, como ya dijo en anteriores ocasiones, para ella la lengua 'no es negociable'.

La consejera se ha expresado así antes de entrar a la Conferencia Sectorial de Educación, donde el ministro y los consejeros de las Comunidades Autónomas debaten los detalles del presupuesto -que con toda probabilidad se aprobará hoy- destinado a implantar la nueva ley: 408 millones de euros de costes directos abonados por el Gobierno central y entre 50 y 927 millones que deberán aportar los Ejecutivos regionales en concepto de gastos de consolidación del nuevo sistema.

A pesar de que el ministerio envió los detalles de la memoria económica a los titulares de Educación de las comunidades el pasado 23 de enero, a día de hoy, a Rigau 'no le salen las cuentas'. Fuentes de su departamento han explicado que desde Catalunya no entienden cómo se va a poder gastar esa cantidad de dinero en implantar las nuevas medidas de compactación de asignaturas en Bachillerato, imponer las reválidas al final de Primaria y Secundaria o crear el nuevo ciclo de Formación Profesional Básica, entre otras cuestiones, cuando Gobierno y comunidades están obligados a cumplir con los objetivos de déficit.

Rigau ha dudado sobre el objetivo esgrimido por el Gobierno para justificar la reforma (reducir el abandono escolar temprano, principalmente), ya que la justificación de la memoria económica, ha dicho, 'dedica más páginas al catalán que a la Secundaria'. 'Parece que ahora el principal objetivo no es mejorar la calidad del sistema, sino su recentralización', ha añadido la consejera, que también ha criticado que el coste inicial previsto por el ministerio se haya multiplicado por cinco.

El ministerio, por su parte, explica el desfase en las previsiones con el alto índice de población escolar en el ámbito rural de algunas comunidades, el doble itinerario de 4º de ESO (ahora propedéutico, es decir, orientativo hacia Bachillerato o FP) y la nueva FP Básica. También reconoce un menor ahorro del previsto inicialmente en la compactación de asignaturas de Bachillerato, informa Europa Press.

Otras comunidades gobernadas por el PP sí se han mostrado 'satisfechas' con la reforma del Gobierno central, así como con sus estimaciones de coste y financiación de la misma. Así lo han expresado las consejeras de Aragón y País Valencià, María Dolores Serrat y María José Catalá, respectivamente.