Mariano Rajoy, en el poco tiempo que intervino el pasado miércoles en el Pleno del Congreso, le pedía a Cayo Lara 'propuestas concretas' para luchar contra la corrupción. El presidente del Gobierno acababa de tender la mano de nuevo para buscar lo que desde el PP llaman un gran pacto contra la corrupción. Tema espinoso, teniendo en cuenta la que está cayendo en Génova tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Pues desde hoy Rajoy tiene sobre la mesa las ideas concretas.

Izquierda Plural (IP) ha registrado esta mañana en el Congreso una proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción, con un texto que se ocupa muy de cerca de varios de los escándalos que afectan precisamente al Partido Popular, formación de la que Rajoy es presidente y que se encuentra bajo sospecha por haber estado pagando presuntamente sobresueldos a sus dirigentes en dinero negro, además de aceptar donaciones de empresas y empresarios que, de ser ciertas, habrían superado los límites establecidos en la ley de financiación de los partidos.

Sobre esto último, la federación que coordina Lara, propone cambios sustanciales y que, si se estuvieran aplicando en la actualidad, habrían puesto hace tiempo patas arriba al Gobierno, al PP y a varios partidos más. La propuesta de IP pide, por ejemplo, reducir a 50.000 euros las donaciones anuales máximas que una persona física o jurídica puede hacer a un partido. En este momento el límite está en 100.000 euros, cantidad que se amplió en 2007 con la reforma de la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y refrendada posteriormente en octubre del año pasado, con la nueva ley aprobada por el Congreso y sobre la que IP se abstuvo. Los supuestos papeles de Bárcenas muestran cómo el PP aceptó donaciones de empresas y empresarios superiores a esa cantidad y a los 10 millones que estipulaba la anterior normativa, de 1987.

Asimismo, IP modificaría el artículo 5 de dicha ley estableciendo que los partidos no podrían aceptar 'donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 25.000 euros anuales' si estos donantes tienen erlación con grupos de empresas o representan a 'empresas que sean dependientes de otras principales o de otras personas físicas'. En el texto presentado por Lara se explica que 'se considerará dependiente aquella empresa que esté participada en su capital social en más de un 50% por la empresa principal o de la persona física donante, o bien que su facturación a la empresa principal o a la persona donante suponga más de un 50% del total de la facturación anual'. 

La propuesta pone coto también a las donaciones en concepto de bienes inmuebles, limitándolas a aquellas que tengan nu valor superior anual a los 500.000 euros. Otro de los puntos fuertes está en que se limitarían, con un añadido en ese mismo artículo 5, 'las donacionesde personas físicas que en su totalidad superen el 10% del presupuestal anual del partido político'.

Además, en su propuesta, IP también hace referencia a las empresas que tengan relación con el sector público. Modificando el artículo 4, la organización de Lara prohíbe las donaciones de compañías que tengan contratos con la Administración, algo que ya existe, pero con un matiz importante: esa prohibición se extiende dos años después de que hayan acometido la obra que se le adjudicara en concurso público e introduce también a las empresas que en la actualidad estén 'participando en concursos públicos'.

Por último, en este sentido, se estipula que las donaciones superiores a 6.000 euros deberán 'abonarse mediante cheque bancario'.

Sobre la fiscalización de los partidos por el Tribunal de Cuentas, IP reclama que no se haga efectivo el pago de la subvención correspondiente si 'no se han cumplido con los deberes de transparencia', es decir, la presentación de las cuentas y sus alegaciones pertinentes ante esa institución.

Pero la propuesta de ley no se ciñe sólo a los partidos. IP pide un endurecimiento del Código Penal (CP) para aquel que 'adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito', incluidos los que se lleven a cabo contra la Administración Pública. Asimismo pretende modificaciones que afectan a corruptores y corruptos, sobre todo en el sector urbanístico. Así, por ejemplo, solicita el cambio del artículo 320 del CP para que 'La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con prisión de uno a tres años o la de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años'.

IP reclama modificar los artículos 420, 421 y 423 en el texto, aumentando las penas de prisión e inhabilitación, así como las multas, para los funcionarios que pidan o acepten dinero a cambio de una adjudicación y para las personas que intenten corromper a un representante de la Administración con sobornos.

Finalmente, IP amplía y perfila el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y solicita castigos más duros para los responsables de delitos urbanísticos.

Paralelamente, Izquierda Plural y el Grupo Mixtopresentaron a la mesa del Congreso esta mañana una proposición para que se cree una comisión de estudio de la corrupción de los partidos políticos con la que pretenden, entre otras cosas,  estudiar la 'actuación de la Justicia y de la eficacia de las penas' en dichos casos; la 'vinculación de tramas de corrupción vinculadas a la financiación irregular e ilegal de partidos políticos' y el estudio de la 'actuación que deben llevar a cabo los partidos políticos' ante los casos de corrupción. Propondría además iniciativas para garantizar la transparencia de los partidos y mejorar el régimen de incompatibilidades, así como medidas para el control de la financiación de las campañas electorales y reformas en la financiación de los partidos políticos y en el Tribunal de Cuentas.

Durante la rueda de prensa de presentación de este proyecto de ley, Cayo Lara, coordinador federal de IU y portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, dijo que si el Gobierno aceptara sentarse a negociar, 'como máximo en cinco o seis meses podríamos tener una ley que contara con el consenso de todos los grupos parlamentarios'. Sobre el caso Bárcenas, Lara dijo que el Gobierno se está equivocando de estrategia al no querer aclarar si realmente el PP estaba pagando sobresueldos en negro y advirtió de que 'con la actitud del avestruz el Gobierno le está haciendo un flaco favor a España'. 

Lara se lamentó de que las noticias sobre la supuesta trama de los papeles de Bárcenas haya tenido trascendencia internacional y ratificó sus afirmaciones el día anterior, cuando pidió a Rajoy que dimitiera si se confirmara la originalidad de los manuscritos de Bárcenas.

En la línea de sus últimas declaraciones, el líder de IU volvió a avisar de que 'puede producirse un estallido social si la situación se mantiene así'. Por último, censuró que el Gobierno haya reducido las subvenciones públicas a los partidos políticos y reiteró que esto 'abre las puertas a que las empresas privadas sean las que los financien. La democracia cuesta dinero, pero las dictaduras mucho más', remató.