La Agencia Tributaria habría tenido hasta la medianoche de ayer para cobrar la presunta infracción en la que habría incurrido Mariano Rajoy, si los papeles de Bárcenas no mienten -como defiende la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal-, y el presidente del Gobierno hubiera aceptado cobrar del partido 25.200 euros en dinero negro durante 2008.

Lo mismo se puede aplicar al PP, que si hubiera estado pagando sobresueldos en dinero B tal y como detallaba ayer El País, no habría ingresado las correspondientes retenciones en las arcas del Estado. Esto último 'es incluso más grave que el hecho de que cualquier, digamos, trabajador del partido, no haya declarado sus retenciones', asegura a Público el fiscalista Félix Bornstein, quien incide en que “el propio partido podría haber sido sancionado también ya que el pagador, lo mismo que el perceptor, tiene la obligación de declarar esas retenciones, pagarlas e informar a la Agencia Tributaria”.

¿Y cuánto tendría que haber pagado Rajoy en el caso de haber percibido esos 25.200 euros que constan en los papeles de Bárcenas? José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, aporta el dato: en total serían 16.391,88 euros.

La cifra, según explicaron Bornstein y Mollinedo, se calcula aplicando el tipo marginal más alto al ser dirigente del partido (en Madrid un 42,9%) en la parte del IRPF correspondiente a las rentas del trabajo, lo que suponen 10.810,80 euros. A esto hay que sumarle un 5% más por los intereses de demora (1.891,89 euros), lo que eleva la cifra a 12702,6 euros. Por último, habría que añadirle un 65% más en concepto de sanción, es decir, otros 7.027,02 euros. De acuerdo con el artículo 191 de la Ley General Tributaria, el caso de Rajoy entraría en las sanciones graves ya que el importe no declarado supera los 3.000 euros y además habría habido ocultación.

A partir de aquí, siempre suponiendo que Rajoy hubiera declarado ayer el IRPF correspondiente a esos 25.200 euros, el presidente del Gobierno podría haberse descontado algunos miles de euros. Serían 2.108,11 euros al mostrar su conformidad con la sanción (implica una reducción del 30% del total de la sanción) y otros 1.229,73 euros (el 25%) al abonar las retenciones debidas.

El resto del dinero, el IRPF proporcional a los 252.000 euros correspondientes a los 10 años anteriores según las informaciones publicadas por El País, ya habrían quedado también exentos de pago por prescripción al haberse superado los cuatro años que establece la ley.

En ningún momento se puede considerar delito fiscal ya que los importes ingresados presuntamente cada año eran inferiores a los 120.000 euros que estipula la legislación. Ahora, que no haya delito fiscal, no debería interpretarse como algo menor.

Rajoy es presidente del Gobierno y el máximo responsable de lo que pasa en su partido, una formación que, por otra parte, si los papeles fueran buenos, habría violado de manera sistemática las leyes de financiación de los partidos políticos al llevar una contabilidad en dinero negro que, obviamente, nunca se remitió al Tribunal de Cuentas.