El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, según anunció esta mañana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. La comisión, integrada al menos por cuatro subcomisiones y adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, trabajará hasta el 30 de junio de 2013 recogiendo informes y datos sobre la situación de las Comunidades Autónomas y sus necesidades de adelgazamiento del sector público.

La vicepresidenta apeló a la 'voluntad de diálogo' de los ejecutivos autonómicos y, para corroborar su confianza en el éxito de esta medida incluida en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno, subrayó una y otra vez el 'aval' que supone el acuerdo pleno alcanzado en la V Conferencia de Presidentes del 2 de octubre -la primera del presidente Mariano Rajoy- y el texto rubricado por todos éstos sobre la necesidad de simplificar la estructura administrativa para alcanzar el objetivo de déficit.

Precisamente, y ante las dudas de la prensa sobre si todas las Comunidades Autónomas aceptarán los requisitos que resulten de los trabajos de la Comisión, Sáenz de Santamaría aseguró, primero, que cada Gobierno autonómico ya tiene elaborados sus planes de ajuste en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero después, aclaró que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 'aconsejará' también a cada Ejecutivo sobre los recortes que puede efectuar para cumplir el objetivo de déficit.

La número dos del Gobierno ha recordado, por otro lado, que el cumplimiento de todos los ajustes indicados es, además, una condición prioritaria para poder acceder al rescate del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Asimismo, advirtió de que la nueva Comisión tendrá en cuenta también el compromiso con la devolución del rescate de las Comunidades que lo hayan solicitado (Catalunya, Murcia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Baleares) 'Las Comunidades a las que el Estado está asistiendo desde un punto de vista financiero, indudablemente, tienen que garantizar la devolución de esas cantidades', ha subrayado.

El Gobierno confía en que su intención de reformar íntegramente la Administración Pública llegue en esta ocasión a buen puerto, después de '30 años de funcionamiento del Estado', aclaró la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría cree que si no se ha logrado concluir en otras ocasiones que se anunció es porque, lejos de un contexto de crisis, tal vez la iniciativa 'vendía poco'. Precisamente, argumentó, ahora es 'ineludible' porque se ha demostrado la ineficacia de la Administración en tiempos de convulsión económica y el sector público tiene que servir, sobre todo, en esos momentos. Lo cierto es que, en esta ocasión, el Ejecutivo de Rajoy tiene a su favor para rematar el trabajo que el número de Comunidades Autónomas en que gobierna el PP es de una aplastante mayoría (13 de 17).

El Gobierno confía en que su 'ineludible' reforma llegue a buen puerto

La nueva Comisión pretende ser la herramienta de trabajo de dos grupos de trabajo actualmente en funcionamiento: el surgido de la última Conferencia de Presidentes e inmerso en la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas y el que pertenece al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para decidir y aconsejar sobre la aplicación del Fondo de Liquidación Autonómica.

El Gobierno explica en la referencia del Consejo de Ministros que esta Comisión estará integrada por las subcomisiones 'que se consideren convenientes', aunque, según explicó la vicepresidenta, éstas serán cuatro de momento: la que trabajará en las 'duplicidades administrativas', la que lo hará buscando la 'simplificación administrativa', la que abordará la 'gestión de servicios y medios comunes' y la que se encargará de la 'administración institucional'.

Aunque la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas la integrarán miembros del Gobierno central (un representante de cada Ministerio, de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, del Gabinete del jefe del Ejecutivo y del de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia), durante los trabajos, podrán ser convocados tanto otros cargos de la Administración como representantes del sector privado.

La ministra de Empleo y Seguridad Social presentó esta mañana en el Consejo de Ministros un 'Informe sobre Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones' para llevar al Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados que incluye la pretensión del Ejecutivo de 'desincentivar las jubilaciones anticipadas por sus efectos perjudiciales en la viabilidad del sistema de pensiones'. En línea con esta intención del Gobierno, Fátima Báñez anunció en la rueda de prensa posterior a la reunión la aprobación de dos Reales Decretos que desarrollan la reforma laboral: uno de ellos amplía la obligación de pagar la prestación por desempleo en los EREs a las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años o a aquéllas que hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más.

Báñez adelantó el dato de que las jubilaciones anticipadas y parciales han costado al Estado casi 10.000 millones de euros en 2011 para un total de 384.000 jubilados de forma anticipada y 121.000 jubilados de anera parcial. La ministra de Empleo ha informado de que cada dos jubilados, uno lo es anticipadamente. Por ello, ha aclarado Báñez, hay que buscar alternativas a este tipo de jubilaciones, retrasando la edad de retiro y reduciendo la cuantía de las pensiones. Además, apeló a la voluntariedad del jubilado para que pueda alternar el cobro de su ensión con la continuación del empleo.

Fátima Báñez se refirió a los datos de la EPA conocidos esta mañana, asegurando que, a pesar de los 5,7 millones de parados, hay datos 'esperanzadores', como el aumento de trabajadores autónomos (85.000más) o que la destrucción de empleo venga, sobre todo, por la educción de la Administración pública. En el sector privado, aclaró la ministra, esta destrucción de puestos de trabajo se está ralentizando. Acto seguido, quiso hacer una aclaración ante la mirada estupefacta de la vicepresidenta en su mesa de portavoz: 'Para el Gobierno, son también personas la gente que se va al paro desde el sector público'.