La puja por el troceo de las televisiones autonómicas ya ha comenzado. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, que aprobó el Gobierno del Partido Popular en agosto y que permite la privatización o externalización de los canales regionales, ya está dando los efectos deseados por sus creadores. La televisión pública murciana ha adjudicado a la compañía del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media (CBM), la realización de sus informativos. Se trata de un contrato pequeño por su concreción en la actividad a desarrollar y por la duración en el tiempo, pero que sirve como pistoletazo de salida a una inminente privatización de las televisiones públicas autonómicas.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual que el Partido Popular aprobó en agosto finiquitó el principio de servicio público de las televisiones autonómicas y dio luz verde a la posibilidad de privatizar las televisiones regionales. Actualmente hay 13 entes autonómicos que explotan más de 20 canales de televisión y de radio con un presupuesto conjunto que ronda los 1.400 millones de euros, de los que más del 70% proceden de las arcas públicas.

La primera en acogerse a esta nueva ley ha sido la Región de Murcia. La comunidad que preside Ramón Luis Valcárcel (Partido Popular) ha adjudicado al grupo Secuoya la realización de los servicios informativos de la televisión pública murciana. La adjudicación consiste en la selección del número de cámaras y medios necesarios para la elaboración del telediario así como la realización técnica del mismo, dejando fuera la producción y la selección de contenidos. Por ello, la compañía Secuoya recibirá unos 56.000 euros, según fuentes cercanas a la negociación.

La compañía Secuoya recibirá 56.000 euros en tres meses  El grupo Secuoya gestiona en la actualidad el servicio de noticias de la IB3 balear, aporta equipos de ENG para los informativos de Telemadrid y trabaja en la elaboración de promociones en la TG7, la televisión municipal de Granada. A esta nómina de clientes, Secuoya añade ahora la televisión de Murcia. Todas las televisiones públicas nombradas tienen un denominador común: el Partido Popular, grupo que gobierna en Madrid, Illes Balears, en el ayuntamiento de Granada y en la región de Murcia.

No obstante, esta no es el único vinculo entre Secuoya y el Partido Popular. El ex portavoz del Gobierno y ex asesor del ex presidente José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, forma parte del Consejo de administración de la compañía como consejero .

“La irrupción de Secuoya en este mercado se veía venir de lejos. La empresa no necesitaba dinero para su funcionamiento, según aseguró su presidente, pero aventuraba que necesitaba liquidez para ir al nuevo panorama de las televisiones autonómicas y poco tiempos después anunciaba el fichaje de Miguel Ángel Rodríguez”, señala a Público Francisco Terrón, periodista miembro de la Junta directiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas, quien en 2011 ya vaticinaba el “desguace de los medios de comunicación públicos”

“Lo que está detrás de todo esto es un tema de control de la información. En unos servicios informativos donde los empleados son públicos y cuentan con un consejo de información, es difícil imponer el criterio de los jefes. Si los servicios están externalizados no existen los criterios anteriores. Con el despido tan barato y los contratos precarios, los periodistas están una situación muy vulnerable”, añade Terrón.

Cuando el Gobierno hizo público su intención de aprobar la ley que permite la privatización de las autonómicas, la primera comunidad en apuntarse fue la de Madrid, presidida por aquel entonces por Esperanza Aguirre. 'Yo nunca he ocultado que mi deseo es privatizar Telemadrid', apuntó la expresidenta pocos días después de que se aprobara el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del 20 de abril.

El ex secretario de Estado con el PP Miguel Ángel Rodriguezes consejero de la empresa Al mismo carro se subió inmediatamente el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por la número dos del PP nacional, María Dolores de Cospedal, que apuntó que cuando finalice el proceso de saneamiento en el ente público castellano manchego se procederá a su privatización. También el País Valencià anunció su intención de vender la licencia de Canal 9 a televisiones privadas alegando pérdidas económicas, aunque no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

La presidenta del comité de empresa de Telemadrid, Teresa García, apuntó a Público el proceso que seguirían las televisiones públicas en su desmantelamiento. “Primero harán una limpia bestial de plantilla”, anunciaba García, que añadía después alegarán que no tiene suficiente audiencia y después la malvenderán.

De momento, RTVV ya ha anunciado un ERE que afectará a 1.295 trabajadores de los 1.695 del Ente valenciano, Telemadrid ha encargado un informe a una asesoría externa para determinar el número de despedidos necesarios para sanear las cuentas de la cadena y la televisión murciana, que está emitiendo reposiciones desde alrededor hace aproximadamente mes, presentó un ERE en septiembre que afectaría a 250 profesionales de los 264 que forman el medio.

El siguiente paso que vaticinaba García, la venta o la externalización, ya lo ha dado la televisión murciana. Secuoya recibirá 56.000 euros mensuales durante tres meses con la posibilidad de ampliar un mes más por realizar los servicios informativos de la cadena pública.