A continuación se detallan los aspectos más destacados del Acuerdo por Andalucía que han suscrito PSOE e IU y que condensan los que serán los ejes del próximo Gobierno de la Junta. El texto contiene la promesa de aprobación de 28 leyes y 250 medidas.

PSOE e IU han consensuado un plan de choque que incluye el impulso de diversas obras, para las que se priorizará la contratación de aquellos parados de larga duración con cargas familiares y sin prestación. Asimismo, se fomentarán las políticas activas de empleo, la formación profesional y se aprobarán medidas fiscales para apoyar a los emprendedores.

Primero, que quien forme parte de una cooperativa constituida en 2012-2013, se beneficiará de una deducción del 30% del IRPF, con un límite de 3.000 euros. Dos, que los empresarios que hagan el primer contrato indefinido a jornada completa recibirán esa misma deducción del 30%. Se completa el paquete con un plan de empleo en materia forestal, un programa para la rehabilitación de viviendas y otro para la restauración de colegios. 

Las dos formaciones quieren construir un nuevo modelo productivo que potencie las 'fortalezas' de sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería, la pesca, la construcción sostenible, el turismo, las infraestructuras o el comercio. Al tiempo, se apuesta por el apoyo a las pymes y autónomos y por diversos sectores estratégicos 'de futuro', como la industria aeroespacial, las energías renovables, la biotecnología, las nuevas tecnologías, la economía verde, la I+D+i...

Pero sin duda lo que más llama la atención es el compromiso de crear 'una entidad financiera pública, social y ética' que inyecte liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Será el Instituto Público de Crédito Andaluz, a semejanza del ICO. IU planteó directamente la necesidad de construir una banca pública, pero el PSOE advirtió que se tropezaría con impedimentos legales y la oposición del Banco de España. 

La coalición PSOE-IU también defenderá el establecimiento de un 'gravamen permanente sobre la riqueza', y reformará para ello el Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, un impuesto para los ricos. En paralelo, reformará el Impuesto de Sucesiones. Incorporará la fiscalidad verde y aprobará una ley andaluza contra el fraude. La federación también arranca de los socialistas el compromiso para una mayor progresividad fiscal. 

La reivindicación histórica de IU de una Ley Electoral más justa y proporcional se materializa en dos puntos del acuerdo: la reforma de la norma andaluza y la petición al Gobierno central, en manos de Mariano Rajoy, de que promueva el cambio del sistema electoral. 

Asimismo, el Parlamento regional dará luz verde en esta legislatura a diversas leyes que sirvan para profundizar la democracia. Se pondrán en marcha normas para alentar la participación ciudadana y para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, y planes para la evaluación de las políticas públicas. Se implantará un Estatuto para los Altos Cargos de la Administración, que estarán obligados a firmar un código ético, para que en el desempeño de su puesto se sometan a las reglas de austeridad y vocación de servicio público. Esta es una referencia indirecta al caso de los ERE, que ha emponzoñado la vida política andaluza en los últimos meses. Pero hay más, porque PSOE e IU prometen modificar el Reglamento de la Cámara para facilitar y garantizar la creación de comisiones de investigación. No obstante, el documento no fija plazos para la constitución de una comisión específica sobre el escándalo de los presuntos expedientes de regulación de empleo fraudulentos. 

PSOE e IU no descuidan un aspecto de gran carga simbólica para la izquierda: impulsarán una Ley de Memoria Democrática, 'bajo los principios de verdad, justicia y reparación' a las víctimas del franquismo. 

Educación y sanidad son los ejes esenciales del modelo social que pretenden preservar socialistas e IU, y su principal bandera frente al Gobierno de Rajoy, como proclama el texto en varias ocasiones. Por ejemplo, la coalición defenderá las ratios actuales de número de alumnos por aula frente a la decisión del Ejecutivo del PP de subir el umbral, se opondrá al copago sanitario y blindará el carácter público, universal y gratuito del sistema de salud. Y contra la subida de tasas universitarias planteada por el ministro José Ignacio Wert, las dos formaciones se comprometen a asegurar una 'financiación suficiente' de la educación superior y unos precios de matrícula 'acordes con la capacidad adquisitiva' de todos los ciudadanos.  

Para incrementar la eficiencia en la prestación de la sanidad, se introducirán mecanismos de gestión como un sistema agregado de compras, la prescripción por principio activo y se mantendrá la subasta de medicamentos para racionalizar el gasto farmacéutico, subasta denunciada por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. 

Un grupo de trabajo analizará la posibilidad de implementar una renta básica de inserción para los más débiles. Y como contrapunto de la política generalizada de recortes, PSOE e IU pretenden invertir en dependencia y en la protección de mujeres, inmigrantes, colectivos de gays y lesbianas, mayores, jóvenes... 

En el documento se insiste en la defensa de la autonomía de Andalucía y de su Estatuto, aprobado en 2006. PSOE e IU dicen no estar dispuestos a ceder un ápice de las competencias de la comunidad autónoma. Pese a subrayar que la 'cooperación con el Estado' es un 'elemento básico de actuación en beneficio del interés general', lanzan además una clara advertencia al Gobierno de Rajoy: si se producen 'actuaciones contrarias' a dichas atribuciones estatutarias (es decir, si hay agresiones a la autonomía o una intervención directa de su economía), el Ejecutivo andaluz 'emprenderá cuantas acciones institucionales, jurídicas y sociales sean precisas para su restitución y defensa'.

No obstante, las dos fuerzas políticas proponen un 'diálogo permanente' con las instituciones del Estado, vía conferencias de presidentes, conferencias sectoriales, la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado o la Iniciativa Legislativa Autonómica en materias que resulten 'prioritarias' para la ciudadanía. También exigirán la revisión del modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009. 

La defensa de la autonomía llega a tal punto que PSOE e IU acuerdan consolidar un cauce de diálogo independiente con Europa. Para ello, se comprometen a desarrollar el apartado del Estatuto de 2006 que se refiere a la relación con las instituciones comunitarias. Se trata de avanzar en la participación y representación de la Junta en las decisiones de la UE que le afectan. Quieren que Andalucía tenga 'voz propia' en el proceso de negociación abierto sobre las perspectivas financieras de la Unión para el periodo 2014-2020 (los presupuestos comunitarios) para introducir un punto de vista de izquierdas. 'Incidir con una visión de progreso en las políticas que se están desarrollando para la próxima década', concluyen. 

-Andalucía tendrá un ICO propio y aprobará un impuesto para los ricos