El Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado un recorte sin precedentes en la historia de la democracia. Y vendrán más: 'Es sólo el inicio del inicio', ha advertido la ministra portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ejecutivo ha dado un tijeretazo mayor de lo esperado esgrimiendo un único argumento: el 6% de déficit público con el que se esperaba cerrar el año ascenderá al menos al 8%. Esos dos puntos de 'desfase' implican que habrá que recortar 20.000 millones de euros más a los 16.500 millones que ya avanzó Rajoy durante el debate de investidura.

Son dos puntos de más —la cifra definitiva se conocerá en febrero— que han obligado, según se ha excusado el Ejecutivo, a adoptar 'medidas extraordinarias y no previstas'. Actuaciones 'que tratan de salvaguardar a los más débiles', ha defendido la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros sin precedentes, ya que compareció  con los titulares de Economía, Luis de Guindos, Hacienda, Cristóbal Montoro, y Empleo, Fátima Bañez.

Pese a esa defensa de los 'más débiles' se ha aprobado una subida de impuestos para todos los contribuyentes al incrementarse el IRPF entre un 0,75% y un 7%, en función de los tramos. Será un 'recargo complementario de solidaridad', según ha definido eufemísticamente la ministra portavoz del Gobierno. La cuota estatal sube en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta hasta el 7% en el nivel más elevado, a partir de 300.000 euros de base liquidable. Un ejemplo: quien cobre entre 12.000 y 16.000 euros deberá pagar 53 euros más. Aquellos que ganen entre 16.000 y 22.000 euros se toparán con una subida del entorno de 80 euros. Sólo con las rentas del trabajo el Ejecutivo contempla recaudar 6.200 millones de euros.

El presidente del Gobierno prometió en el único debate electoral con el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no subiría los impuestos. Su mantra antes de la campaña electoral era incluso el opuesto al que ahora aplicado: al llegar a Moncloa los bajaría.

Otro impacto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos se producirá con el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dos próximos años, que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio. Se espera recaudar con ello 918 millones de euros.

Los recortes no distinguen ni de edades ni de condición. Así, se suspenderá un año de la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia, manteniendo las actuales. 'Se establece la moratoria de un año en la incorporación de nuevas categorías de beneficiarias al sistema de dependencia, en concreto de la dependencia moderada', ha dicho Sáenz de Santamaría.

Asimismo, el PP ha decidido limitar la ayuda de 210 euros durante cuatro años para jóvenes de entre 22 y 30 años denominada Renta Básica de Emancipación, después de cuatro años en vigor y un total 301.254 beneficiados, según los últimos datos al cierre del primer semestre del año. Asimismo, se congela el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 641,4 euros al mes. El Gobierno ha decidido no incorporar 'más beneficiarios a esta renta de emancipación', en tanto que los que ya la tienen concedida seguirán cobrándola.

El Gobierno ha aprobado ya un primer recorte de gasto de 8.900 millones de euros, a través de un acuerdo de no disponiblidad de crédito, que limitará el presupuestos de los diferentes ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno suspende un año de la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que los mayores recortes recaerán sobre el Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091 millones), Economía (1.083 millones) y Asuntos Exteriores (1.016 millones).  Al Ministerio de Educación se le reducirá el presupuesto en 485 millones; a Empleo, 439 millones; a Hacienda, 432 millones; a Sanidad, 409 millones; a Agricultura, 401 millones; a Defensa, 340 millones; a Interior, 163 millones; a Justicia, 48 millones; y a Presidencia, 19,6 millones.

Pero el ejecutivo necesita más dinero. Por ello  ha extendido a todo 2012 el IVA 'superreducido' del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010.

En Impuestos Especiales, ha eliminado  la bonificación al gasóleo profesional. La tarifa de la luz no se incrementará, pero el gas subirá un 0,5%.

El Ejecutivo ha acordado la actualización de las pensiones a la previsión del IPC para 2012, que se sitúa en el 1%. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que no hará falta 'tirar' del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones durante el primer trimestre del año, pero ha matizado que cuando se conozca la situación presupuestaria en los próximos trimestres 'el Gobierno adoptará las medidas necesarias'.

Se mantienen las prestaciones por desempleo, se prorrogará la ayuda de 400 euros a los desempleados sin ingresos cuando finalice su vigencia, el próximo mes de febrero, y se mantiene la congelación a los salarios públicos, que también afecta a altos cargos del Estado.

Los funcionarios no percibirán un euro más en sus nóminas en 2012, pero sí deberán trabajar más: el Ejecutivo amplía la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas. La plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos —docentes, personal de hospitales y centros de salud del sistema nacional, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado e inspectores tributarios y laborales— será cero.

Trabajo no descarta que haya que tirar del Fondo de Reserva para pagar las pensiones desde marzo

Se acometerá una 'importante reducción' en cargos de subsecretarios y directores generales del 18,9% y se reducirá un 20% las subvenciones a los partidos políticos, a sindicatos y a organizaciones empresariales. La vicepresidenta ha detallado el coste del agujero: en el caso de patronales y sindicatos será de 55 millones de euros y en el caso de los partidos políticos alcanzarán los 29,68 millones.

Y entre tanto y tanto recorte, el Gobierno ha aprovechado para dar una de cal y otra de arena: suprime el canon digital, una de sus promesas electorales, y aprueba la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual para proteger los derechos de los creadores frente al 'expolio' de las páginas de internet de descarga ilegal de contenidos. Es decir, saca adelanta la 'Ley Sinde', una patata caliente que le dejó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapateroy que tantas críticas suscitó por parte de la comunidad internauta.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministro, y que ya se habían avanzando a lo largo de la mañana, sobresale la aprobación de que el pueblo de Villar de Cañas, a medio camino entre Albacete y Madrid, será el que acoja el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Tal y como se avanzó ayer, el Gobierno ha nombrado en el Consejo de Ministros de este viernes a Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general del Estado y a Fernando García Sánchez como jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Además ha culminado los nombramientos en las 24 secretarías de Estado en las que se estructura el nuevo Ejecutivo.