La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en combinación con la trama Gürtel no ha agotado su camino. Así se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción , que considera prescritos los presuntos delitos electorales y de falsedad derivados del uso de la fundación Fundescam como canal paralelo de financiación electoral en 2003 y 2004.

'Los delitos mencionados -dice Anticorrupción en referencia a los electorales y de falsedad que describe el informe policial sobre Fundescam- se encontrarían prescritos'. Pero -añade- ello es 'sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en estas'.

La fiscalía abona con otro elemento la tesis de que las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño no han acabado. Anticorrupción recuerda que 'están siendo investigados' los hechos que la diputada de IU Reyes Montiel denunció en abril de 2010 tras lo publicado por este diario sobre un contrato fantasma otorgado en 2007 a la empresa MQM, que se coordinaba con la Gürtel.

MQM, siglas de Marketing Quality Management, fue una de las adjudicatarias de la publicidad fantasma pagada por la Comunidad de Madrid a cambio de campañas que nunca llegaron a realizarse. A las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) pagó un total de 4,5 millones de euros a tres agencias que se coordinaban con la trama Gürtel: 1,3 millones a Swat SL, dos a Over Marketing y Comunicación y 1,25 a MQM.

La fiscalía ya ha solicitado la imputación del director de MQM. Esta empresa fue elegida por Alberto López Viejo para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre, también a las puertas de los comicios de 2007.

Fuentes cercanas al PSOE sostienen que, al hablar de 'conductas semejantes no prescritas', Anticorrupción está dejando la puerta abierta para investigar no otros delitos posteriores sino conectados a los de 2003 y 2004. Con nombre y apellidos, el líder del PSM, Tomás Gómez, expresó ayer esa sospecha: 'Ya veremos si no hay otros presuntos delitos. No solamente financiación irregular, sino a lo mejor delito de cohecho o asociación ilícita, delitos que no estarían prescritos', aventuró Gómez.

El informe policial de julio señala que Fundescam, a la que la red endosó facturas del PP, recibió casi un millón de euros en donaciones de empresarios. Seis de ellos obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones.

El sistema de funcionamiento de Fundescam, aduce la Brigada de Blanqueo en su informe, generó 'una propensión al intercambio de favores' con los donantes de Fundescam.

El documento policial traza un triángulo sobre cómo funcionaba el sistema de financiación: en un vértice, se situaría el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, a quien la trama tenía como 'interlocutor'; en otro, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante quien 'reportaba' la red corrupta. Y en la cúspide estarían los archivos de la contabilidad secreta de la red, que consignan la falsificación de facturas, y aquellos que almacenó bajo el nombre de 'pufos' del PP de Madrid. En ámbitos socialistas se sostiene que la conjugación de los tres factores indica que hubo un concierto previo para falsificar las facturas y cometer delito electoral. Y ese concierto previo es lo que el Código Penal define como asociación ilícita